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La vida laboral de los hombres es más larga que la de las mujeres

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El último estudio sobre la transición a la jubilación de la Encuesta de Población Activa (EPA) lo deja claro: la vida laboral es mayor entre hombres que entre mujeres. Así, mientras el 48,8 por ciento de los varones cuenta con una carrera profesional de más de 35 años, el 17,3 por ciento de las mujeres puede presumir de lo mismo. En concreto, la vida laboral de casi la mitad de las mujeres (47,3 por ciento) oscila entre los 16 y los 35 años, cifra que sólo se da en 20 de cada cien trabajadores hombres. En términos generales, el 36,9 por ciento de los trabajadores entre 50 y 69 años o que han trabajado después de los 49 años cuenta con una carrera profesional de más de 35 años, mientras que el porcentaje de los que cuentan con una vida laboral de entre 16 y 35 años asciende al 43 por ciento. No obstante, y con independencia del sexo, las carreras profesionales más largas se registran en la industria, donde el 49 por ciento de las personas de entre 50 y 69 ha trabajado más de 35 años. Le siguen los sectores de la construcción (42,5 por ciento), la agricultura (40,1) y los servicios (31,6).

Sin pensión
De un sector o de otro, lo cierto es que la mayoría de los trabajadores quiere jubilarse, según el estudio, a los 65 años. Todos, menos los pertenecientes al ámbito industrial, que esperan hacerlo entre los 60 y los 64 años.Sin embargo, una de cada cuatro personas de 50 a 69 años ocupadas o que han trabajado después de los 49 años no recibe pensión por jubilación. En el caso de las mujeres, la cifra se sitúa en el 82,1 por ciento, mientras que desciende al 70,7 por ciento si hablamos de hombres. No obstante, el porcentaje se reduce cuanto mayor es la edad de referencia. De ahí que el 82 por ciento de las personas de entre 65 y 69 años sí cobre pensión por jubilación. 

Aprobado un plan de empleo de apoyo a los discapacitados

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El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula el programa de empleo con apoyo para el fomento de empleo de discapacitados . Esta norma beneficiará, según el Servicio Público de Empleo Estatal, a 2.000 trabajadores discapacitados al año, y el gasto para subvencionar los costes laborales y de Seguridad Social será de 7,5 millones de euros anuales.Esta normativa podrá aplicarse en todo el país, aunque los destinatarios son personas con discapacidad severa que sean contratadas por una empresa del mercado ordinario de trabajo, mediante un contrato indefinido o de duración mínima de seis meses. Se incluyen también como beneficiarios a personas sordas y con discapacidad auditiva superior al 33 por ciento. 

El Gobierno impulsará el acceso de los inmigrantes al funcionariado

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El Ejecutivo quiere incrementar la participación de los extranjeros en el sector público para equipararlos a su representación social. Las políticas activas de empleo facilitarán la entrada de inmigrantes en la Administración.

La integración laboral de los inmigrantes es uno de los objetivos centrales del Ejecutivo en materia de extranjería. Aunque, hasta ahora, la Administración no ha dado ejemplo. La presencia de ciudadanos de otros países en la función pública es muy baja. El nuevo Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (PECI) impulsado por el Ministerio de Trabajo ha marcado como uno de los pilares de las políticas activas de empleo hacer más accesible para los inmigrantes la entrada en la función pública.

La llegada de 4,5 millones de inmigrantes en menos de una década ha planteado nuevos retos a los servicios públicos. Los maestros imparten clases en aulas multiculturales; la sanidad básica asiste a personas de decenas de países; las ventanillas de empleo gestionan permisos de trabajo a ciudadanos que ni siquiera dominan el castellano y la policía patrulla barrios que se han convertido, en algunas casos, en una torre de Babel. Por eso, los propios inmigrantes pueden ser un bálsamo que cubra las carencias lingüísticas, culturales y sociales que ha generado su llegada en la dotación de servicios públicos.

Requisitos más flexibles
Actualmente, sólo los ciudadanos de la Unión Europea, Suiza y Noruega pueden acceder a las ofertas públicas de empleo. El resto de extranjeros –la mayoría de los que viven en España– precisan de un permiso de residencia permanente que, en cualquier caso, les permite optar a los puestos laborales más bajos de la función pública. Para otros cargos, sobre todo, los de mayor escala, es condición imprescindible poseer la nacionalidad española.

El plan que perfila Trabajo quiere precisamente adaptar los requisitos y facilitar el acceso de los inmigrantes a las ofertas públicas de empleo. Una vía que ya ha abierto con éxito el Ejército. Ante la falta de reclutas para las Fuerzas Armadas profesionales, el Ministerio de Defensa decidió en 2003 permitir el alistamiento de extranjeros con permiso de residencia. Desde entonces, en sólo tres años, se han incorporado 4.648 militares, en su inmensa mayoría sudamericanos.

La apertura de las ofertas públicas de empleo a los extranjeros se encuadra dentro de un paquete de medidas más amplio que, como reconoce el Ministerio de Trabajo, obligará a “adecuar la normativa sobre el empleo y la Seguridad Social” para adaptarlo a la nueva realidad del mercado laboral, que en cinco años ha visto llegar a tres millones de nuevos trabajadores.

El Plan Estratégico de Ciudadanía ha puesto como tarea para los próximos tres años revisar el actual sistema de gestión de los flujos migratorios; adecuar la capacitación de los inmigrantes al mercado laboral; reforzar los mecanismos de inspección contra la contratación ilegal y discriminación racial en las empresas y mejorar los itinerarios de inserción laboral. 

El Sindicato Joven de CC.OO. de Madrid presenta la campaña "Así no hay quien viva" por la emancipación y contra la precariedad

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Los jóvenes tienen que dedicar el 76,6 por ciento de los ingresos mensuales y 15 años de ahorro íntegro para adquirir una vivienda, y no consiguen emanciparse hasta los 34 años
Se trata de un llamamiento a los jóvenes para que "no se queden parados" y mediante la acción "obliguen" a los poderes públicos a intervenir.

La imposibilidad de llevar a cabo una vida independiente para los jóvenes ha llevado al Sindicato Joven de CC.OO. de Madrid a lanzar la campaña sindical por la emancipación y contra la precariedad "Así no hay quien viva", que se constituirá como eje de trabajo de esta organización durante el primer semestre de 2007. Y es que las condiciones materiales son totalmente adversas para los jóvenes: precariedad laboral extendida a todos los sectores en forma de temporalidad, bajos salarios, siniestralidad, condiciones abusivas y precios prohibitivos de la vivienda, ya sea en compra o alquiler.
Así, el Sindicato Joven de CC.OO. de Madrid, que viene trabajando en esta materia desde hace tiempo con otros colectivos, llevará a cabo de forma intensiva, durante los próximos meses, una campaña que pretende movilizar a la población joven en torno a esta problemática, generando un clima de participación ciudadana, de propuesta y acción para que los poderes públicos intervengan tanto en la contención de la precariedad laboral como en el mercado inmobiliario. Para el desarrollo de la campaña están previstos actos de difusión, reuniones y colaboraciones con entidades juveniles, organizaciones, plataformas y movimientos, y participación en la Mesa de Iniciativas por el Derecho a Techo, con la que actualmente se están impulsando y promoviendo acciones a nivel local.

La campaña "Así no hay quien viva" parte de la sencilla operación matemática "precio de la vivienda + precariedad laboral = emancipación a los 40". Y es que es muy difícil irse de la casa de los padres cuando hay que dedicar el 76,6 por ciento de los ingresos mensuales y 15 años de ahorro íntegro para adquirir una vivienda, 3 de ellos sólo para la entrada. Esto de media, porque en la franja de 18 a 24 años hay que dedicar el 103,6 por ciento de estos ingresos. Tampoco ayuda que el precio de los alquileres se equipare prácticamente al de las hipotecas y que apenas se promocione esta opción.

La situación del mercado laboral supone otro obstáculo casi insuperable para los jóvenes, cuya práctica totalidad "disfrutan" de un contrato temporal, en su mayoría inferior a un año. Además, los menores de 35 años cobran un 20 por ciento menos de media. Esto para los que tienen la suerte de trabajar, ya que los jóvenes son más de la mitad del total de parados.

El resultado es que el 25,4 por ciento de los jóvenes entre 30 y 34 años están sin emancipar y que los que finalmente lo consiguen no lo hacen hasta los 34 años. A la vista de estos datos, CC.OO. hace un llamamiento a los jóvenes para que "no se queden parados" y mediante la acción "obliguen" a los políticos a responder a sus necesidades interviniendo con políticas sociales de vivienda tales como promover el alquiler social y la vivienda protegida; movilizar la vivienda vacía; penalizar la especulación y la concentración de la propiedad; intervenir fiscalmente a través del alquiler; promover planes urbanísticos racionales y sostenibles en los que prime la rehabilitación antes que la construcción; y, por último, promover el cooperativismo.

El Sindicato Joven de CC.OO. de Madrid reivindica una vez más "el derecho a la vivienda y a una vida independiente, en condiciones justas y dignas, y con igualdad de oportunidades para todos". Y uno de los elementos fundamentales para la emancipación es la estabilidad en el empleo, por lo que exige al Gobierno regional que intervenga por el empleo de calidad, estable y con derechos, y combata el fraude en la contratación y la discriminación salarial de los jóvenes.

El 94 por ciento de los contratos realizados a jóvenes son temporales

La campaña por la emancipación y contra la precariedad del Sindicato Joven se apoya en un informe sobre la Realidad Sociolaboral de los Jóvenes en la Comunidad de Madrid realizado por la Fundación Sindical de Estudios de CC.OO. de Madrid. Según este documento, uno de los elementos más significativos de la juventud madrileña es su dificultad para incorporarse al mercado laboral. Se percibe una ralentización en la edad de inicio de la actividad económica de la población joven que podría ser consecuencia de una merma de las expectativas, de una generalización de la economía informal o de relaciones laborales encubiertas.

Además, los jóvenes madrileños han visto decrecer su participación en la contratación indefinida. En 2001 la contratación indefinida entre los menores de 30 años representaba el 52,72 por ciento del total de esta modalidad y en 2005 ya había disminuido hasta el 44,13 por ciento. Las perspectivas no son muy halagüeñas si tenemos en cuenta que el 94 por ciento de los contratos realizados a menores de 25 años son temporales. En septiembre de 2005, en la Asamblea de Madrid, se acordaba impulsar de un Plan de Choque Contra la Temporalidad. Sin embargo, pasado más de un año, no se ha tomado ninguna medida al respecto.

Es llamativo que la conversión de contratos en prácticas en indefinidos haya pasado de representar el 10 por ciento de las conversiones a representar apenas el 0,3 por ciento, siendo desplazados por los eventuales por circunstancias de la producción y por los contratos por obra y servicio. Esta situación pone de relieve la falta de causalidad tanto de los contratos temporales como de los formativos. Los contratos en prácticas se sustituyen por otro tipo de figuras, algunas ni siquiera reguladas, o por contratos temporales más baratos (contratándose a los jóvenes supuestamente para puestos no cualificados pero realizando funciones que exigen preparación previa y responsabilidad).

En tanto el 52,7 por ciento de los contratos de obra o servicio que se realizaron en 2005 fueron ocupados por menores de 30 años, tan sólo el 41,4 por ciento de esta modalidad contractual convertida en indefinida estaba ocupada por un menor de 30 años, lo que supone una diferencia de 11,3 puntos que difícilmente podemos calificar de anecdótica. Asimismo, en el caso de de contratos eventuales por circunstancias de la producción, que eran ocupados por jóvenes en el 63 por ciento de los casos, tan sólo el 52,9 por ciento de los convertidos afectaron a menores de 30 años, lo que supone una diferencia de algo más de 10 puntos.

De más está decir que contratación temporal y emancipación son incompatibles, por lo menos para los bancos, que exigen como requisito para avalar un alquiler o conceder un préstamo antigüedad y contrato indefinido. Y no sólo basta con una contratación fija, también hay que contar con ingresos suficientes para hacer frente a los desproporcionados precios de la vivienda, tanto en compra como en alquiler.

La estructura sectorial de la ocupación de la población juvenil tiene incidencia, como no podía ser de otra manera, en los salarios y, consecuentemente, en su capacidad adquisitiva. La construcción tiene mayor peso en la contratación de los menores de 25 años que en el total de la población y es, de media, el sector que menor coste salarial presenta, llegando a diferencias de 500 euros al mes con la industria, sector que presenta el coste más elevado.

Atendiendo a las condiciones de contratación y a la remuneración de los jóvenes, y a todas las circunstancias que rodean la precariedad y la inestabilidad que sufren, queda más que justificada una política de ayudas para que les sea, al menos factible, acceder a una vivienda. El mercado de viviendas libres no mira las condiciones del demandante al fijar los precios y, por tanto, los jóvenes se encuentran en inferioridad de condiciones y fuera del mercado. Según datos del Observatorio de Vivienda Joven del Consejo de la Juventud de España para el primer trimestre de 2006, el precio medio de la vivienda libre en la Comunidad de Madrid era de 287.000 euros, cifra que se ha visto incrementada en los datos relativos al segundo trimestre.

En la Comunidad de Madrid el gasto en vivienda pública representa el 0,21 por ciento del PIB, frente al 1,1 por ciento de media en España y al 2 por ciento de la UE. En nuestra Comunidad la iniciativa y promoción privada de la vivienda es casi absoluta y esto, sumado a la liberalización del suelo, la especulación y la mercantilización, han hecho de un bien de primera necesidad y derecho constitucional, un bien de lujo. Unos pocos han multiplicado sus fortunas a costas de la necesidad de muchos. En la Comunidad hay casi 300.000 viviendas vacías, por lo que deberían fomentarse el alquiler y la rehabilitación de las mismas. Esto deja en evidencia el objetivo real de los planes de vivienda impulsados por el Gobierno regional, que responden a las demandas de los promotores y no a las de los ciudadanos.

El Sindicato Joven de CC.OO. de Madrid tiene claro que la voluntad política y la actuación de Gobierno regional han fallado. El Plan de Vivienda Joven se ha utilizado más para campaña que para solventar las necesidades de los destinatarios, y, lejos de cumplir sus objetivos, ha sido fuente de negocio para los promotores y para responsables políticos con información privilegiada.

El problema de la vivienda en la Escuela de Jóvenes Sindicalistas de CC.OO. de Madrid

Por otra parte, los próximos días 26, 27 y 28 de enero, CC.OO. de Madrid celebrará su V Escuela de Jóvenes Sindicalistas en la localidad de Rascafría. En esta edición, más de cien jóvenes cuadros sindicales, afiliados y simpatizantes se darán cita en el que se pretende sea un espacio de encuentro, formación y debate sobre el tema del acceso de los jóvenes a la vivienda. Así, dos foros de emancipación tendrán lugar simultáneamente por la mañana y otros dos por la tarde para fomentar la participación, el debate y la propuesta colectiva. CC.OO. de Madrid tiene claro que los jóvenes trabajadores tienen mucho que decir y las conclusiones que surjan de la Escuela podrán servir de base para el trabajo futuro del Sindicato Joven. Por la mañana, en el Foro de Movimientos Sociales, intervendrán representantes de la Comisión de Jóvenes de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, de la Plataforma por una Vivienda Digna y de la Cooperativa de Vivienda Joven (COVIJO). En el Foro de Iniciativas Sindicales participarán los responsables de Juventud CC.OO. de Andalucía, Asturias y Catalunya. Por la tarde, en el Foro de Propuestas de Organizaciones Políticas Jóvenes, intervendrán el secretario general de Juventudes Socialistas de Madrid, el coordinador de Jóvenes de IU de la Comunidad de Madrid y el presidente de Nuevas Generaciones del PP de Madrid. En el Foro de Políticas Locales de Emancipación participarán los concejales de Juventud de Rivas Vaciamadrid, Alcorcón y Valdemoro. 

El 94% de los contratos realizados a menores de 25 años en la Comunidad de Madrid, son temporales

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"Así no hay quien viva" La campaña Así no hay quien viva, por la emancipación y contra la precariedad tiene como objetivo fundamental movilizar a la población joven en torno a este problema, generando un clima de participación ciudadana, de propuesta y acción.

La emancipación cada vez más tardía de la gente joven es un fenómeno que conlleva, sin duda, consecuencias sociales y económicas. De la suma de la precariedad laboral y de la inaccesibilidad a la vivienda resulta que en la Comunidad de Madrid la emancipación se produce, de media, a los 34 años. El porcentaje de jóvenes de entre 30 y 34 años que aún viven con sus padres supera el 25%. Esta tendencia se reproduce, aunque con pequeñas variaciones, en el conjunto del Estado español, según datos del Observatorio Joven de Vivienda en España (OBJOVI), dependiente del Consejo de la Juventud de España y referentes a 2006.

Al margen de cualquier especulación sobre las causas sociológicas de la tardía emancipación, a la vista está que las condiciones materiales son totalmente adversas para la gente joven: por un lado la precariedad laboral extendida a todos los sectores en forma de temporalidad, bajos salarios, siniestralidad, condiciones abusivas y, por otro, los precios prohibitivos de la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler.

El Sindicato Joven de Comisiones Obreras de Madrid (1) reivindica: “El derecho a la vivienda y a una vida independiente, en condiciones justas y dignas, y con igualdad de oportunidades para todas y todos”. Y uno de los elementos fundamentales para la emancipación es la estabilidad en el empleo, por lo que exige al Gobierno regional que intervenga por el empleo de calidad, estable y con derechos, y combata el fraude en la contratación y la discriminación salarial de los jóvenes.

El empleo de los jóvenes

Uno de los aspectos más significativos de la juventud madrileña, según se desprende del Informe sobre la realidad sociolaboral de los jóvenes en la Comunidad de Madrid, realizado por la Fundación Sindical de Estudios, es su dificultad para incorporarse al mercado laboral. Se percibe una ralentización en la edad de inicio de la actividad económica que podría ser consecuencia de una merma de las expectativas, de una generalización de la economía informal o de relaciones laborales encubiertas. Más de la mitad del total de parados en la Comunidad son jóvenes.

Por otra parte, la estructura sectorial de la ocupación de la población juvenil tiene incidencia, como no podía ser de otra manera, en los salarios, y consecuentemente, en su capacidad adquisitiva. La construcción tiene mayor peso en la contratación de los menores de 25 años que en el total de la población, llegando al 26% en el caso de los hombres y es, en la media, el sector que menor coste salarial presenta, llegando a diferencias de 500 euros al mes con respecto al sector de la industria, que presenta el coste más elevado.

En el caso de las mujeres, el principal sector de destino es el de los servicios, que presenta un coste salarial muy similar al de la construcción. Asimismo, se desprende del informe antes citado la pervivencia de los estereotipos sexistas en la población joven con respecto a la “titularidad” de las tareas domésticas. Por tanto, la mayor parte de las mujeres han de compatibilizar las largas jornadas que suelen caracterizar al sector servicios con las tareas domésticas.

Los datos provisionales de la Encuesta Anual de Estructura Salarial del 2004 ponen de manifiesto grandes diferencias en las remuneraciones en función de la edad y del sexo. Así, mientras el salario medio en la Comunidad de Madrid en 2004 fue de 22.161,84 euros, en el caso de la gente joven (entre 20 y 29 años) apenas supera los 15.000 euros (un 32% menos). Las chicas en esta franja de edad se ven afectadas por una doble discriminación y la diferencia es del 40% con respecto a la media general.

La juventud madrileña ha visto decrecer su participación en la contratación indefinida. En 2001 la contratación indefinida entre los menores de 30 años representaba el 52,72% del total de esta modalidad y en 2005 ya había disminuido hasta el 44,13%. Las perspectivas no son muy halagüeñas si tenemos en cuenta que el 94% de los contratos realizados a menores de 25 años son temporales.

Es llamativo que la conversión de contratos en prácticas en indefinidos haya pasado de representar el 10% a apenas el 0,3%, siendo desplazados por los eventuales por circunstancias de la producción y por los contratos por obra y servicio. Esta situación pone de relieve la falta de causalidad tanto de los contratos temporales como de los formativos. Los contratos en prácticas se sustituyen por otro tipo de figuras, algunas ni siquiera reguladas, o por contratos temporales más baratos (contratándose a los jóvenes supuestamente para puestos no cualificados pero realizando funciones que exigen preparación previa y responsabilidad). También la edad condiciona la conversión de los contratos temporales en indefinidos, ya que la incidencia de las realizadas a menores de 30 años sobre el total de conversiones no es proporcional a su participación en la contratación temporal.
El acceso a la vivienda

De más está decir que contratación temporal y emancipación son incompatibles, por lo menos para los bancos, que exigen como requisito, para avalar un alquiler o conceder un préstamo, antigüedad y contrato indefinido. Y no sólo basta con una contratación fija, también hay que contar con ingresos suficientes para hacer frente a los desproporcionados precios de la vivienda que suponen para la gente joven, en media, un 82% de sus ingresos, y un 110,9% si tienen entre 18 y 24 años, según los datos del OBJOVI para el tercer trimestre de 2006. Del mismo se desprende un precio medio de la vivienda libre de 291.580 euros.

El mercado de viviendas libres no mira las condiciones del demandante al fijar los precios y, por tanto, la gente joven se encuentran en inferioridad de condiciones y fuera del mercado.

En la Comunidad de Madrid el gasto en vivienda pública representa el 0,21% del PIB, frente al 1,1%, en media, de España, y al 2% de la Unión Europea. En nuestra Comunidad la iniciativa y promoción privada de la vivienda es casi absoluta y esto, sumado a la liberalización del suelo, la especulación y la mercantilización han hecho de un bien de primera necesidad y derecho constitucional un bien de lujo. Unos pocos han multiplicado sus fortunas a costas de la necesidad de muchos. Viviendas existen y ya están construidas. En la Comunidad hay casi 300.000 viviendas vacías, por lo que debería fomentarse el alquiler y la rehabilitación de las mismas. Esto deja en evidencia el real objetivo de los planes de vivienda impulsados por el Gobierno regional, que responde a las demandas de las promotoras y no a las de la ciudadanía.

Por el derecho a una vivienda digna

En el contexto de la campaña se han llevado a cabo varias actividades, entre ellas, la V Escuela de Jóvenes Sindicalistas de Comisiones Obreras de Madrid, que tuvo lugar en enero, donde un centenar de jóvenes se dieron cita para debatir sobre el problema del acceso a la vivienda desde distintas perspectivas: sindical, política, social y local. Asimismo se han organizado una decena de actividades reivindicativas impulsadas desde la Mesa de Iniciativas por el Derecho a Techo (2) que han puesto en evidencia la necesidad de cambios. Mientras se siga premiando al especulador con grandes plusvalías y no se apueste por un modelo social más justo, las diferencias se irán agudizando y la clase trabajadora se verá cada día más perjudicada.

La actuación del Gobierno regional ha fallado. El Plan de Vivienda Joven se ha utilizado para hacer campaña y para que los promotores hagan negocio, no para solventar las necesidades de los destinatarios. Actualmente, se hace imprescindible: poner en marcha medidas que fomenten el alquiler social y la vivienda protegida; que se usen las viviendas vacías; que se intervenga fiscalmente a favor del alquiler y no de la compra; que se promueva el cooperativismo; y, que se proteja el medio ambiente.

Casi un 40% de los españoles ven positivo cambiar con frecuencia de trabajo

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Un 38,6% de los españoles consideran positivo cambiar de trabajo frecuentemente, un porcentaje que se sitúa sólo un punto por debajo de la media europea, según datos de la oficina de estadística comunitaria (Eurostat).
Los europeos con más predisposición para cambiar de empresa son los suecos (78,5%), los daneses (71,7%) y los checos (59,9%).
En el otro extremo, aparece la población activa de Estonia (21,2%), Austria (23,4%), y Alemania (25,8%).
La Comisión ha publicado estas estadísticas poco después de anunciar su estrategia de "flexiseguridad" laboral, por la que quiere hacer compatible la protección al trabajador y la flexibilidad en el empleo, políticas que podrían concretarse en 2008.
La Comisión Europea quiere acabar con la realidad de que a menudo los trabajadores forzados a cambiar más veces de empleo sean los más desprotegidos socialmente.

El empleo temporal vuelve a ganar terreno entre los nuevos contratos

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El mercado laboral ha generado entre enero y junio 9.219.508 contratos nuevos. Un 12,60% de los mismos, es decir, 1.162.061, engrosó la lista de indefinidos, incluidas las transformaciones de eventuales en fijos. Este porcentaje, además de ser bastante bajo, supone cierto retroceso de las colocaciones estables porque, si bien resultó 0,85 puntos superior a la tasa registrada el 31 de diciembre del 2006, fue unas décimas inferior a la contabilizada en meses anteriores. Por ejemplo, en marzo llegó al 13,50%.
El avance de la contratación fija desde enero a junio era algo esperado por el Gobierno, las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CC. OO. y UGT, interlocutores que pactaron la última reforma laboral, cuyas primeras medidas entraron en vigor el 1 de julio del 2006. Los cambios están orientados, principalmente, a conseguir un empleo de mayor calidad. Así, durante el último semestre del año pasado se bonificaron los traspasos de contratos temporales en indefinidos. A partir del 1 de enero, las medidas benefician al empleo inicialmente estable, con reducción de las cuotas empresariales a la Seguridad Social.
Sin embargo y pese a que los puestos de trabajo fijos crecen más que los temporales, la tasa de la contratación indefinida no despega. En lo que va de año se han suscrito 1.162.061 colocaciones de calidad, un 20,85% más que en el mismo periodo del 2006; y 8.057.447 temporales, un 0,33% por encima de las contabilizados 12 meses antes. En total, la contratación creció en junio un 2,53% en cifras interanuales.
Después de una década
Con anterioridad a la reforma laboral de julio del 2006, el último impulso eficaz para el fomento del empleo fijo databa de abril de 1997. En aquella ocasión, las organizaciones empresariales y sindicales también pactaron una serie de cambios con el visto bueno del Gobierno, entonces del Partido Popular, que elevaron la tasa mensual habitual de los contratos indefinidos desde el 3% al 8,5%.
El comportamiento de las nuevas colocaciones durante el primer semestre del año figura en un informe difundido por el Servicio Público de Empleo (SPE), antiguo Inem, que igualmente refleja que a finales de junio solo dos comunidades habían generado más de 15 contratos indefinidos por cada 100 creados. Madrid era una de ellas, autonomía que desde hace tiempo encabeza el porcentaje de estabilidad. En esta ocasión, la tasa fue del 20,20%. La otra comunidad fue Cataluña, con un 17,86%.
Por comunidades
La reforma laboral de julio también benefició a las autonomías con más eventualidad: Andalucía y Extremadura. Sus índices de estabilidad llegaron en febrero a rozar el siete y a sobrepasar el 8%, respectivamente, pero el pasado día 30 habían retrocedido al 6,14% y al 6,36%.
Otras comunidades, que al igual que Madrid y Cataluña, superaron la tasa media de contratos indefinidos fueron La Rioja (14,74%); Baleares (14,19%); Canarias (13,34%); Aragón (13,25%); Castilla y León (13,01%); y Comunidad Valenciana (12,47%). Al otro lado de la lista, junto a Andalucía y Extremadura, aparecieron País Vasco (9,58%); Murcia (10,28%); Asturias (11,52%); Navarra (11,66%); Cantabria (11,71%); Castilla-La Mancha (12,07%); y Galicia (12,23%).
El estudio del SPE también analiza la situación de las provincias. Gerona, con un 21,04%, se consolida en el primer lugar. En el otro extremo, se sitúo Jaén al no conseguir ni siquiera cuatro empleos fijos por cada 100 creados. Su proporción fue del 3,23%. Muy cerca estuvo el 3,2% y el 3,98% de Huelva y de Córdoba.

La reforma laboral eleva el 39% el contrato fijo

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Los cambios introducidos hace un año han permitido suscribir 2,3 millones de contratos fijos, el 39% más que el año anterior. Así se desprende de los últimos datos hechos públicos por el Ministerio de Trabajo, que evidencian que el 12,67% de todos los contratos firmados en el último año (18.754.029) son indefinidos.

La Administración ahorra unos 10,1 millones en políticas sociales gracias a las empresas de inserción

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Las empresas de inserción laboral, aquellas que se dedican a contratar a excluidos sociales con el objeto de que puedan emplearse en el mercado laboral ordinario, permiten un ahorro anual de unos 10,1 millones de euros en políticas sociales publicas.
Así lo determina el estudio "Identificación y diagnóstico integral de las Empresas de Inserción en España" de la Federación Española de Empresas de Inserción (Fedei), utilizado en la elaboración de la memoria económica del proyecto de Ley reguladora de las empresas de inserción laboral, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 29 de junio.
Concretamente, el ahorro que supone por cada uno de los aproximadamente 2.300 trabajadores en situación de exclusión contratado en España en términos de coste social asciende a 4.400 euros.
Además, si a estas cifras se añade el flujo económico que propicia la existencia de cada empresa de inserción (11.100 euros anuales), que en España ascienden a 147, el 'beneficio social estimado' sumaría a 15.500 euros anuales por trabajador excluido que es contratado, y un montante total de 35,6 millones de euros.
RADIOGRAFÍA DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN
Las empresas de inserción laboral, cuya facturación estimada es de unos 41,4 millones de euros (unos 276.000 euros de facturación media) son, en su mayoría, intensivas en mano de obra y de escasa inversión de capital, de igual forma que los bienes y servicios que producen no exigen de sus trabajadores gran cualificación.
En España trabajan, fundamentalmente, en las actividades de recuperaciones y reciclaje (32%), servicios personales y sociales (16%), construcción (12%), artes gráficas (8%), jardinería y explotaciones forestales (6%), fabricación de muebles (5%), industria textil (4%) y otras, como la industria manufacturera y transporte y mensajería.
Las comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía y Madrid acogen a un total de 84 de estas empresas (57%). Les siguen Aragón (11), Navarra (10), País Vasco (9), Castilla y León (8), Canarias (6), Comunidad Valenciana (5), Murcia (4), Asturias y La Rioja (3) y Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia, con una empresa cada una.
LA NUEVA NORMA
Según el contenido del proyecto de ley remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados (hasta ahora la legislación que regulaba este tipo de empresas venía recogida en normas dictadas en once comunidades autónomas), las empresas de inserción deberán estar promovidas y participadas por entidades promotoras al menos en un 51% del capital social.
Además, deberán mantener un porcentaje de trabajadores en proceso de inserción del 30% de la plantilla durante los tres primeros años y del 50% a partir del cuarto. También, deberán reinvertir, al menos, el 80% de los resultados a la mejora de sus estructuras productiva y de inserción.
Por otro lado, las empresas de inserción y los trabajadores podrán celebrar contratos de trabajo temporal de fomento de empleo, que tienen por objeto la prestación voluntaria de servicios retribuidos por cuenta ajena en una empresa de inserción como parte esencial de un itinerario personalizado, y podrá concertarse por un periodo mínimo de 12 meses y máximo de 3 años.
Asimismo, podrán suscribirse contratos de trabajo de carácter indefinido o duración determinada ajustándose a las modalidades contempladas en la legislación laboral vigente.
Se pretende, por otro lado, que con la regulación de las empresas de inserción aumente el número de personas excluidas socialmente que serán atendidas en procesos de inserción sociolaboral. Desde el punto de vista de las políticas públicas, se trata de sustituir políticas pasivas por activas.

Bruselas reclama más empleabilidad en la política laboral

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La Comisión Europea busca un cambio en las políticas de empleo de los países miembros de la UE. Xabier Prat, director de Políticas de Empleo y Estrategia de Lisboa de la Comisión, explicó ayer que, la tesis de Bruselas pasa por trasladar el centro de atención desde la 'garantía' del puesto de trabajo hacia la 'empleabilidad' de los trabajadores. En definitiva, una apuesta por la flexibilización del mercado laboral y la formación de los trabajadores que facilite su paso de una empresa a otra en caso de necesidad: 'No tiene sentido proteger sólo a los que tienen un empleo', resumió.
Prat, que participó ayer en el curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, afirmó que esa es la base sobre la que se sustenta la última comunicación de la Comisión Europea hacia los países miembros.
Un texto que no es vinculante, pero que sí pretende una adaptación por parte de los Estados miembros a una realidad cambiante. A juicio de Prat, dicho cambio no se centra tanto en factores externos, como la globalización, sino en aspectos internos, principalmente la incorporación de la mujer al trabajo.
El director afirmó que la UE ha logrado importantes avances en materia de empleo (19 millones de puestos creados en los últimos diez años, de los que cinco fueron en España), aunque sigue habiendo un desfase frente a los objetivos de Lisboa. Así, la tasa de empleo se sitúa en el 64%, lo que prácticamente imposibilita llegar al 70% pretendido en 2010 y los logros han sido insuficientes en empleo juvenil y mayores. En todo caso, Prat considera que el énfasis ha de ponerse en empleos de calidad y que no se puedan realizar desde otros países.
Mercado laboral
En el mismo foro participó Marcos Peña, presidente del CES, quién destacó dos sucesos en el mercado laboral español: la incorporación de tres millones de mujeres en diez años y de cuatro millones de inmigrantes en cinco.

Empresas especializadas en servicios sociosanitarios buscan 300.000 profesionales para prestar las atenciones previstas en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal

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El Estado de bienestar inicia este año en España una nueva y complicada aventura: poner en marcha a partir de 2008 el sistema nacional de atención a las personas dependientes, creado por la conocida como Ley de Dependencia (de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia). Su objetivo final es la extensión del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) a casi millón y medio de ciudadanos con distintos grados de incapacidad para valerse por sí mismos.
POBLACIÓN Y PLAZOS DEL SAAD
El 70% de las personas dependientes vive hoy en el entorno familiar, al cuidado de mujeres
Gobierno y empresarios especializados en prestar servicios sociosanitarios calculan que para afrontar este enorme reto se necesitarán unos 300.000 profesionales. No los hay en el mercado laboral, ni siquiera buscando fuera de España. Pasarán años antes de prepararlos, pero este cuarto pilar del Estado de bienestar (los tres primeros son Sanidad, Educación y Pensiones) no puede esperar tanto. Ya hay varias empresas -incluso alguna constuctora- preparándose para prestar un servicio que promete negocio de miles de millones anuales, y también influencia.
Cada año hay en España 150.000 personas que cumplen 65 años. El grupo de españoles con 85 y más años crecerá un 80% en las dos próximas décadas. Y el de 20 a 34 años perderá casi un tercio de sus efectivos. Teniendo en cuenta la implacable correlación entre edad y dependencia, la cifra de españoles con derecho en el futuro a recibir las ayudas del SAAD se dispara cada día. El 32% de las personas mayores de 65 años tiene algún tipo de discapacidad, frente al 5% del resto de la población.
El presidente de la Fundación Alares, Javier Benavente, que lleva años en el sector servicios con programas de asistencia familiar y de conciliación laboral, familiar o personal, y que es ahora pionero en el de la dependencia, reconoce la suma complejidad que supone la creación del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Pero es optimista.
"Con el SAAD nace una nueva dimensión económica y social. Aparecerán nuevas demandas que habrán de atenderse desde nuevos negocios y servicios, y con fórmulas organizativas, tecnológicas y de respuestas personales y profesionales. Pronto se verán cumplidos los pronósticos de los estudios previos sobre lo que va a significar económicamente el SAAD, no sólo en los empleos a crear y en los retornos empresariales y fiscales subsiguientes, que rebajarían la aportación del PIB que hay que destinar al SAAD. Esas expectativas se verán desbordadas al alza", sostiene el empresario Benavente.
En todo caso, el nuevo pilar del Estado de bienestar resulta imparable. Es más, llega a España con retraso, en comparación con los grandes países de la UE. Según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), de 2004, el 68,5% de los españoles citaba el apoyo a las personas dependientes entre las tres medidas que debía tomar el Gobierno para facilitar la vida familiar. Un 70% se mostró incluso partidario de asumir subidas de los impuestos si se dedicaban a incrementar este tipo de servicios sociales.
En la puesta en marcha del SAAD están implicados el Ejecutivo central, que pone el 50% del dinero, y los Gobiernos autónomos, que deben aportar el otro 50% porque tienen transferidas las competencias en esas materias. Se trata de miles de millones de euros en más gasto social cada año. Pocos expertos se atreven a hacer el cálculo, ni siquiera aproximado, pero hay esta reciente orientación solemne: el Congreso de los Diputados aprobó el miércoles pasado, al final del debate conocido como del estado de la nación, una resolución obligando al Gobierno a destinar en 2008 mil millones más de los previstos inicialmente para el SAAD. La votación fue promovida por Izquierda Republicana de Cataluña (ERC). El PP votó a favor y el PSOE se opuso. Antes, a propuesta de socialistas, IU-ICV y Chunta Aragonesista, se había aprobado otra resolución que instaba al Ejecutivo socialista a aumentar en un 25% el dinero "previsto" para empezar a aplicar la Ley de Dependencia en 2008.
"Todos los que aprobamos esta ley estamos preocupados por su despliegue. Sabemos lo importante que es que el SAAD satisfaga las expectativas creadas". Esto dice la resolución de los republicanos catalanes, conscientes de que las comunidades autónomas no disponen de dinero suficiente "para llevar a cabo la ingente tarea que han asumido".
No se sabe cuánto dinero costará el SAAD en el primer año de su desarrollo, pero sí quién ha de ponerlo sobre la mesa: el Estado (central y autonómico), vía impuestos; y las personas dependientes, en función de su nivel de renta. La infraestructura del servicio correrá a cargo, en su inmensa mayoría, de la empresa privada. "Habrá grandes oportunidades para las iniciativas rentables y para demostrar que la solidaridad también contribuye a la competitividad económica, amén de hacerlo a la calidad social", afirma el empresario Benavente.
Además de Alares, que cuenta hoy con 400.000 beneficiarios de sus servicios de atención a la familia dentro del programa Conciliación Familia-Trabajo, actúan en ese sector y, por tanto, se preparan también para abordar el reto del SAAD, empresas como Eulen, Mapfre Quavitae, Sanitas, Sar, Amma Gerogestión, Ballesol, Concilia, Caser, Mas Vida Red, Antikua, Icas, HealthCare o Behavioral. Algunas de estas empresas tienen sus propias escuelas de formación de nuevo personal.
Hoy hay en España 1.125.190 personas dependientes (de las cuales 826.500, aproximadamente, tienen más de 65 años), pero en el año 2010 serán 1.254.429. Una década más tarde, en 2020, los españoles dependientes con derecho a ayudas del SAAD sumarán 1.496.226. El 70% de las personas dependientes vive en el entorno familiar; el 15% alterna sus cuidados entre los diferentes hijos; el 3% vive solo, aunque supervisado (ayuda a domicilio), y el 12% vive institucionalizado en residencias.
POBLACIÓN Y PLAZOS DEL SAAD
En 2050 España será el país más envejecido del planeta, con el 43 % de su población mayor de 60 años.
La población de más de 65 años se ha duplicado en las tres últimas décadas: de 3,3 millones en 1970 a 7,2 millones en 2003.
El 32% de los españoles mayores de 65 años tiene algún tipo de discapacidad, frente al 5% del resto de la población.
Previsión oficial de población dependiente: En 2005 eran 1.125.190 personas; en 2010 habrá 1.254.429; en 2015, 1.373.248, y en 2020 serán 1.496.226.
La implantación del SAAD será gradual, con un plazo máximo de ocho años, por falta de personal y de infraestructuras.
Aún no se ha fijado el catálogo de prestaciones ni cómo acceder a ellas, así como el mecanismo de acreditación de los centros y entidades privadas que vayan a prestar los servicios.

La prestación de paro se sitúa en 948 euros al mes, un 66% por encima del salario mínimo

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Cada parado con prestación cobró a finales de mayo una media de 948,84 euros al mes (excluido el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura). Esta cantidad supone un 66% por encima del salario mínimo interprofesional (SMI) establecido en 570,6 euros para todo el año 2007. El coste total de la cobertura ascendió a 1.173,69 millones de euros, un 4,26% más que 12 meses antes y benefició a 1.337.477 trabajadores, un 6,5% por encima del total registrado en mayo de 2006.
Los datos figuran en un informe del Ministerio de Trabajo que refleja una disminución del ritmo interanual de crecimiento del gasto del desempleo superior en tres puntos, dado que el aumento en mayo de 2006 (en relación con mayo 2005) fue del 7,3%. Entonces se necesitaron 1.122,919 millones de euros para hacer frente al pago de la prestación. También ha bajado el importe mensual un 3,2% y en 31,3 euros.
Desánimo
El hecho de que la prestación de desempleo sea superior al SMI es un factor de desánimo para que los parados se incorporen a determinados trabajos. La diferencia entre ambas rentas disminuyó considerablemente en 2004, cuando el Gobierno incrementó en julio un 6,6% el salario mínimo y lo situó en 490,80 euros. Posteriormente, aunque la retribución básica ha experimentado aumentos por encima del crecimiento de los precios, la separación volvió a subir.
Otras informaciones facilitadas por el Ministerio desvelan que el número de solicitudes de prestación presentado en mayo ascendió a 351.496, lo que representó un 1,4% más que en el mismo mes del año anterior. Asimismo, las altas tramitadas fueron 337.230, un 12,2% más.

España, a la cola de Europa en ayudas a la familia pese a los 2.500 euros de Zapatero. La nueva medida apenas elevará hasta un 0,8% el porcentaje del PIB destinado a los hijos, por debajo incluso de Malta

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A tan sólo ocho meses de las elecciones, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha prometido impulsar las ayudas a la natalidad con una paga de 2.500 euros para las madres. En vez de pan, los niños que hayan nacido o hayan sido adoptados desde el pasado 3 de julio traerán consigo esta cantidad debajo del brazo. Del escaso 0,68 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) que España destinaba hasta ahora a la familia, se pasará así a un 0,8 por ciento, según los cálculos de Eduardo Hertfelder, presidente del Instituto de Política Familiar, en base al montante total que tendrán que desembolsar las arcas públicas para otorgar las ayudas a todas las madres: alrededor de 1.200 millones de euros.
La contribución a la natalidad que el Gobierno ha anunciado a bombo y platillo no cambia, sin embargo, el panorama: nuestro país seguirá a la cola de Europa en ayudas a la familia. La cifra no se aproxima, ni de lejos, al 3,9 por ciento que destina Dinamarca, ni tampoco a la cantidad prometida por el propio Zapatero antes de subir al poder. El jefe del Ejecutivo garantizó llegar al 1,5 por ciento en su primera Legislatura para luego ampliarlo al 2,2.
Distintas asociaciones de familias aseguran, además, que la ayuda llega «tarde» y que la cuantía «es muy poca» en comparación con otros estados europeos. En Alemania, por ejemplo, a partir de enero de este año se ofrecen más ayudas fiscales a los padres que se dedican al cuidado de sus hijos, y antes de 2013 se deberán crear 455.000 nuevas plazas en guarderías. Mientras, en Suecia las madres tienen una baja por maternidad que puede llegar a alcanzar las 96 semanas.
Desgravación fiscal
En Francia, las familias reciben 512 euros al mes durante los tres primeros años y, además, se ha doblado la desgravación fiscal por gastos de guardería e infantiles hasta los seis años. El contraste con España habla por sí sólo. En nuestro país sólo se destinan 24 euros por hijo a cargo, siempre y cuando la familia no supere un límite de ingresos establecido en 10.000 euros al año.
El Foro de la Familia considera que si bien el dinero supone un factor importante, no es muy relevante cuando se carece de un verdadero ambiente de apoyo. Benigno Blanco, presidente de esta entidad, remarca la actuación «incoherente» que supone aumentar los recursos económicos a la vez que se trabaja con reformas de leyes sobre el matrimonio a favor de su «desestructuración» y «desnaturalización».
En palabras de Blanco, «es como echar una gota de agua en un desierto creado por uno mismo». Por su parte, Hertfelder asegura que con un 0,8 por ciento seguimos a la cola de Europa. Malta, el penúltimo en la lista, destina el 0,9 por ciento.
El panorama es el siguiente: una familia española necesitaría tener 13 hijos para poder optar a las mismas prestaciones que tiene una alemana por dos hijos. Unas cifras que se disparan aún más si la comparación la hacemos con Luxemburgo. En este caso, una familia española necesitaría tener 25 hijos para poder obtener la misma cantidad económica que obtiene una familia de este país por dos niños. La Federación de Familias Numerosas señala que la ayuda de 2.500 euros «carece de credibilidad», y pone en duda que en noviembre esta medida se haga efectiva, tal y como ha prometido María Teresa Fernández De La Vega.
Para la Federación, la trayectoria del Ejecutivo con respecto a las familias «ha sido de una total dejadez y de un ir y venir de incumplimientos de promesas». Además, señala que en el último congreso de las familias numerosas, celebrado en 2004, Zapatero prometió aumentar las prestaciones, promesas de papel que nunca se cumplieron. Eduardo Hertfelder ratifica esta opinión y explica que «existe un déficit de credibilidad», ya que el 80 por ciento de los compromisos han sido incumplidos «constantemente».
Otros colectivos como el Comité Español de Representantes de Personas Discapacitadas (CERMI) también consideran que las ayudas son insuficientes y proponen incrementar la aportación cuando el hijo sufra algún tipo de discapacidad, ya que el «esfuerzo económico familiar es sustancialmente superior».
El sobrecoste puede oscilar entre un 30 y un 40 por ciento más, según sus cálculos. «Sospechosa iniciativa» Calificada por algunos como «sospechosa y tremendamente electoralista», la medida llegó en las mismas fechas en las que el Instituto Nacional de Estadística anunció un ligero incremento de la natalidad en nuestro país, que ha alcanzado los 1,37 hijos por mujer en edad fértil. Una cifra que, si bien es positiva puesto que no se daba desde 1991, sigue siendo baja en comparación con Europa. Desde el Ejecutivo se afirma que esta medida tendrá un efecto positivo en el fomento de la natalidad.
Sin embargo, las asociaciones lo ponen en duda y se limitan a ser realistas. El primer año de vida de un niño supone para los padres un desembolso superior a los 5.500 euros. Una cifra bastante elevada que no se verá excesivamente aliviada con la medida estrella de Zapatero. Hertfelder explica que en los 18 primeros años de vida de un hijo, los padres invierten más de 100.00 euros. Por lo tanto, la cifra anunciada por el Gobierno cubriría sólo alrededor de un 2,5 por ciento de estas necesidades. «Es una ayuda poco significativa y muy puntual», añade Benigno Blanco. Por otra parte, Hertfelder ha remarcado que esta prestación debería ir acompañada de otras para ser el inicio de una verdadera política familiar .
Desde las asociaciones ven positiva la medida como una iniciativa aislada, pero se preguntan qué se hará después, por ejemplo, con los hijos de padres y madres que trabajen fuera de casa. «Ayudas como ésta no son más que medidas de maquillaje a una política familiar que ha estado abandonada durante los tres años y medio de legislatura de Zapatero», apuntó Eduardo Hertfelder. El presidente del Instituto de Política Familiar considera que «medidas aisladas» como ésta que no vayan acompañadas de otras prestaciones no sirven para nada. «A pesar de los 2.500 euros por hijo que nazca, seguiremos a la cola de Europa».

Con una media de 30 días al año, los europeos son unos privilegiados en lo que a vacaciones se refiere.

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Según un informe reciente, no hay vacaciones por ley en EE UU, y en Canadá y Japón son de 10 días.

Industria minimiza en un informe interno el coste de las deslocalizaciones

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El departamento de Joan Clos remite un informe al Congreso en el que señala que la marcha de empresas sólo afecta al 0,5% de la industria: a la producción de maquinaria de oficina y equipos informáticos y al calzado.

El 50% de los camareros de restaurantes, bares y cafés son extranjeros

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Los zaragozanos rechazan estos trabajos por su dureza y la escasez de festivos. Los sueldos rondan los 1.000 o 1.200 euros
Con la llegada del verano aumenta el número de clientes en las terrazas y cafeterías. Los hosteleros buscan personal paracubrir esta demanda, pero pocos zaragozanos están dispuestos a renunciar a sus vacaciones sirviendo cafés y refrescos. El 40% de los empleados de restaurantes y hoteles son inmigrantes y la cifra aumenta cuando se trata de bares y cafeterías, donde prácticamente son ya el 50%.
Predominan los inmigrantes procedentes de países latinoamericanos, por la facilidad del idioma, y los de origen rumano. Así lo afirmaron los propios empresarios del sector a 20 minutos, quienes han comprobado cómo en los últimos años la mano de obra nacional prefiere calidad de vida a un nivel salarial alto.
«Esmuy difícil conseguir que la gente de aquí acepte estos empleos porque son muy esclavos y se trabaja todos los festivos y fines de semana», explica Mariano Bergua, encargado de la Asociación de Empresarios deHostelería Horeca.Y asegura que muchos españoles abandonan estos trabajos a las pocas semanas de comenzar, al comprobar su dureza.
Otros ni siquiera se plantean solicitarlos porque consideran que no es una profesión con «prestigio».
Según sus datos, los sueldos en este sector oscilan entrelos 800 y 1.000 euros, en caso de los auxiliares de camareros y pinches de cocina, y los 1.000 o 1.200 euros cuando se trata de cocineros o camareros. Sin embargo, los puestos se siguen rechazando.
«El inmigrante busca lo que le deja el nativo porque no tiene otra salida, mientras que, con frecuencia, el español dispone de un colchón económico familiar que le permite poder elegir», indica Jorge Bernués, gerente de la Asociación de Cafés y Bares.

Sólo el 1,75% de los mayores de 65 años trabaja

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Autónomos, directivos, profesionales agrarios cualificados y artesanos son los principales grupos que retrasan su retiro laboral.
Sólo el 1,75% de los mayores de 65 años (edad que da derecho a la jubilación), unas 102.300 personas, trabaja en España, según datos facilitados por la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2006. Las cifras demuestran que el total de trabajadores que prolonga voluntariamente su vida laboral desciende, de ahí las intenciones del Gobierno de fijar incentivos económicos (vía reducción de cotizaciones y aumento de la pensión) para mantener en activo a los mayores y retrasar el pago de su prestación.
El hecho de que cada vez hay menos personas que se inclinan por alargar su carrera profesional se constata al comparar los resultados de la Seguridad Social con los recogidos en el informe sobre "Personas Mayores", elaborado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), cerrado a finales del primer trimestre del año pasado. El IMSERSO reflejaba 142.000 mayores de 65 años ocupados.
Del total de 102.300 trabajadores, 52.590 estaban afiliados al Régimen Especial de Autónomos, de la Seguridad Social; 40.970, al Régimen General; y 6.180, al Régimen Especial Agrario. También había 350 asociados al Régimen Especial del Mar; y 13, al Régimen Especial del Carbón. Por último, existían 2.210 ocupados vinculados con el empleo doméstico, que necesitaban trabajar más tiempo para contar con 15 años cotizados y poder acceder a una pensión contributiva (propia de los trabajadores).
Razones
La distribución por regímenes coincide con las explicaciones facilitadas por el informe del IMSERSO. Así, autónomos; trabajadores que han alcanzado un escalón jerárquico alto; y profesionales cualificados agrarios o de la pesca y artesanos son los tres grupos principales que se inclinan por retrasar su salida laboral.
La decisión de los trabajadores por cuenta propia responde a que parece más fácil continuar en activo cuando la opción depende tan sólo de uno mismo. En el supuesto de los directivos u ocupados con "mando", los expertos argumentan que desde posiciones jerárquicamente más altas se tiene mayor capacidad para fijar la fecha más oportuna para el retiro; y, en el tercer caso, se trata de personas que prolongan su actividad porque cuentan con alicientes profesionales y capacidad de iniciativa propios de su oficio.
Características
El informe del IMSERSO también desvela una serie de características que, aunque están recogidas para el primer trimestre de 2006, su proyección es válida para conocer lo que ocurre en la actualidad. Por ejemplo, dos terceras partes de los trabajadores que retrasan su retiro tienen menos de 70 años. En el colectivo predominan los hombres. De hecho, la tasa de empleo (número de ocupados por cada 100 habitantes) masculina entre los varones de 65 a 69 años es del 7,1%, frente al 2,9% de la femenina. Más allá de esa edad, la presencia laboral de ambos géneros en muy escasa.
En los últimos años, la mejora del mercado laboral ha permitido aumentar las tasas de actividad de todos los grupos de edad y de los dos sexos pero el momento para abandonar el trabajo se ha adelantado. Prueba de ello es que la mitad de los varones de 60 a 64 años está en la actualidad fuera del panorama laboral, incluso, entre el 4,8% de parados con estas edades existe una parte importante que no volverá a ser ocupado. Por lo que respecta a las mujeres, su índice de actividad desciende bruscamente (un 53,9%) ya en el grupo de 50 a 54 años.
Comparación europea
En comparación con la Unión Europea (UE), los españoles figuran entre los ciudadanos comunitarios que menos prolongan su vida profesional más allá de los 65 años. En el caso de los hombres, la tasa sólo supera la de Francia, Eslovaquia y Hungría. Los autores del informe resaltan que se trata de un índice inferior al de Bélgica, Alemania o Austria, países que han tenido políticas muy activas a favor de la jubilación anticipada.
Los trabajadores de la UE que más alargan su vida laboral pertenecen, en su mayoría, a los 10 Estados que se incorporaron en enero de 2004. Entre los países comunitarios más antiguos, destaca Portugal con una tasa de empleo masculina cercana al 25%. Por otro lado, el índice de empleo femenino es más bajo que el de los varones en todos los miembros de la UE.

Para atraer talento, la compañía necesita tener talento

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La batalla por reclutar a los trabajadores con más talento ha comenzado y aquellos que sean innovadores, constantes y realistas sobre la mejor forma de llevar a cabo este proceso son los que saldrán victoriosos.
En su continua pugna por contratar a los candidatos mejor preparados en tecnología, marketing e incluso el propio departamento de recursos humanos, las compañías encuentran que el campo de batalla es inmenso y la competencia generalizada.
Lo que en un tiempo fue fácil, cuando la oferta superaba ampliamente a la demanda, ahora se ha convertido en un desafío e incluso en una amenaza para las compañías de tamaño pequeño y medio que esperan crecer con gente con talento. Las compañías deben ser flexibles, innovadoras y deben utilizar tantos recursos como sea posible para cumplir con sus objetivos de contratación de personal.
Una de las tendencias que ha emergido tras la burbuja de las dotcom es el éxodo masivo de responsables de contratación. Lo que era un negocio lucrativo, en tiempo de bonanza económica, de repente se convirtió en algo cada vez menos atractivo, reduciendo al mínimo el número de buenos profesionales en esta área.
Ahora con un interés renovado en atraer a los mejores talentos, contar con un buen responsable de selección de personal dentro de la empresa no es un lujo, es una necesidad.
Conseguir contratar a los mejores jefes de personal es, en ocasiones, tan importante, como conseguir las personas más cualificadas para cubrir los puestos de mayor responsabilidad en el área de marketing, TI o ingeniería de software. Para contratar talento, las compañías necesitan talento.
Las entidades deberían intentar ser tan innovadoras como les fuera posible a la hora de implementar ideas sobre contratación y la mejor forma de conseguir a la persona adecuada para el puesto.
El método elegido por las empresas puede ser muy variopinto, desde un programa de referencia de empleados a un proceso centrado en promocionar su proposición de valor y beneficios. Sin embargo, recurrir a los empleados es todavía una opción residual para las compañías aunque, sin duda, es una de las formas más sencillas de reclutamiento.
¿Quién mejor para elogiar a la compañía y hacer que la gente se interese en pertenecer a la compañía que los empleados que actualmente están disfrutando de todas las oportunidades que brinda la empresa?
Desde el punto de vista de la forma, existen también elementos que pueden marcar la diferencia.
Si bien la publicación de ofertas de empleo en la red y los correos electrónicos son herramientas que facilitan el proceso de selección, en ocasiones, una llamada de teléfono al aspirante al puesto puede marcar la diferencia. Pocas cosas son tan impersonales como un e-mail tipo. Además, los candidatos más cualificados apreciarán los esfuerzos de una compañía que da un paso extra para comunicar su interés por contratarle.
Otro componente clave a destacar es leer más allá del currículum del candidato, es decir, comprobar su trayectoria profesional y pedir referencias. Con frecuencia, aquel candidato que parecía idóneo para el puesto tras leer el currículum, pierde todo su encanto en la ronda de entrevistas. Relatar la experiencia laboral y ser políticamente correcto no son los únicos indicadores de un profesional cualificado.
En definitiva, ser innovador, ofrecer una proposición de valor, examinar a conciencia a los candidatos y evitar en cierta medida, medios de comunicación impersonales como el correo electrónico, es la fórmula para conseguir atraer y retener talento, de forma que permita a la compañía ser competitiva en el mercado.

Prolongar la vida laboral a los mayores de 65 años costará al Estado 12 millones

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La reducción de las cotizaciones pagadas por los mayores de 65 años a la Seguridad Social para que prolonguen más allá de esta edad su vida laboral costará al sistema 12 millones de euros, según explicó el secretario de Estado, Octavio Granado. La medida figurará en la Ley de Reforma de la Seguridad Social, actualmente en tramitación parlamentaria.
Granado apuntó que existen unos 41.000 trabajadores mayores de 65 años afiliados al Régimen General, de los que hay que excluir los empleados de las Administraciones Públicas que permanecen ajenos a la bonificación y a aquellos que no cumplen los requisitos establecidos para acceder a la reducción, como el haber cotizado 35 años.
En consecuencia, sólo entre 10.000 ó 20.000 trabajadores podrán beneficiarse de la iniciativa.«De acuerdo con la cotización por la base media y una reducción del 3%, el gasto por empleado sería de 600 euros», es decir, el sistema dejaría de ingresar 12 millones de euros «algo muy asumible». «La medida no tendrá un gran impacto ni afectará a un gran colectivo», insistió.

El 20% de los comunitarios afiliados a la Seguridad Social es autónomo

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Los extranjeros comunitarios registran un elevado porcentaje deafiliación al régimen de autónomos (17%), a diferencia de las personas que proceden de fuera de la Unión Europea, que tienen una baja tasa de este régimen (6%). Así se refleja en la Radiografía de las Migraciones de la Comunidad Valenciana, que elaboran desde 2004 el Ivie y el CeiMigra,con la colaboración de Bancaja. Este estudio analiza las diferencias existentes en el acceso de los extranjeros al régimen de la Seguridad Social.
La Radiografía también señala que en el caso de los extranjeros no comunitarios predomina el régimen general (76%) y se registran porcentajes elevados de afiliación en losregímenes agrario (8%) y del hogar (10%).
Según los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales recogidos en el estudio, en la Comunitat Valenciana se contabilizaba el pasado 31 de mayo 239.911 altas de extranjeros, lo que significaba un 12% del total registrado en la Comunidad, y un 12% de las inscripcionesestatales de extranjeros, lo que se sitúa por encima del peso de la Comunidad en las afiliacionestotales (10,3%).
En la misma fecha, los trabajadores extranjeros con alta laboral en la Seguridad Social anivel nacional eran un total de 1.994.405, lo que suponía un 10,4% del total de las altas del sistema.
Con estos datos, la Comunitat Valenciana continúa situándose en volumen absoluto en el tercer puesto entre las comunidades autónomas por afiliación extranjera, por detrás de Cataluña y Madrid, y seguida de cerca por Andalucía.
Por provincias, Alicante y Castellón registran respectivamente un 14,5% y un 14,8% dealtas de extranjeros sobre las altas provinciales totales, por lo que superan sensiblemente la media regional de afiliación de extranjeros.
En cambio, Valencia, con un 9,8%, se muestra claramente por debajo, aunque presenta una tendencia al alza. Con todo, las provincias valencianas presentan tasas de afiliación de trabajadores extranjeros menores a las de provincias como Almería (17,6%), Murcia (17%), o Lleida (16,1%).
Por sectores, la afiliación de los extranjeros en la Comunidad Valenciana es más intensa enla construcción y la industria manufacturera, en coherencia con el mayor dinamismo en esta Comunidad de la vivienda en los últimos años, y de su especialización industrial tradicional. En cambio, es menor el peso regional de la afiliación en servicios a empresas y en el subconjunto de "resto de actividades".
En cuanto al origen geográfico de las altas laborales en la Seguridad Social en la Comunitat Valenciana, entre los comunitarios destaca el peso de Rumanía (13,9% del total), y del Reino Unido (5,2%), seguidos por Bulgaria, Italia, Alemania y Francia.
Entre las nacionalidades no comunitarias, Ecuador absorbe el 12,4% de la afiliación total de extranjeros, seguido por Marruecos (11,2%) y Colombia (8,4%). En la actual edición de la Radiografía de las Migraciones se destaca el descenso relativo de Ecuador y Colombia respecto al estudio precedente.