Fuente
El ajuste de la función pública terminó con la llegada de Zapatero al poder. Desde 2004 el Gobierno ha incrementado sin cesar el número de empleados en la Administración central. El coste de personal ha subido en 7.000 millones de euros en esta legislatura. Además, existe un apagón estadístico, que incluye a autonomías y ayuntamientos.
FRANCISCO NUÑEZ
Cientos de personas se disponen a realizar el examen para conseguir una plaza de empleo público. / MITXI
La llegada del PSOE al Gobierno acabó con el periodo de control del empleo público que impuso el PP. Desde 2004, el Ejecutivo ha incrementado sin cesar el número de empleados en la Administración Central, lo que ha disparado el coste de personal un 35,8%, hasta los 31.290 millones de euros. Entre 2006 y 2008, se incorporarán unos 25.000 nuevos funcionarios a los ministerios y sus organismos dependientes. En el total del Estado hay ya 2,5 millones de empleados públicos.
El periodo expansivo contrasta con las advertencias del Gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, que el pasado martes en su comparececia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso afirmó que «en el contexto actual de incertidumbre» debería preservarse la pujanza de los ingresos públicos «para poder afrontar fases de menor dinamismo del gasto privado y sobre todo frente a la eventualidad de que surjan perturbaciones contractivas inesperadas».
Se trata de otro llamamiento más al Gobierno para que no comprometa partidas de gasto, de amplio contenido electoral, que genere compromisos futuros. Hasta ahora, el punto de mira de las ofertas se habían circunscrito al denominado gasto social. Pero también hay mucha letra pequeña en el gasto de personal y en el creciente número de empleados públicos, sobre todo cuando media docena de ministerios tienen transferidas la totalidad, o al menos una parte sustancial, de sus competencias.
Así, por ejemplo, se observa que en la actual legislatura el gasto consolidado en personal del Estado crecerá en 7.000 millones de euros. De los 24.216 millones en 2004 se va a pasar a los 31.290 millones previstos en 2008, lejos de los 23.041 millones del gasto del personal público del Estado de 2003, cuando el PP concluyó el proceso de transferencias de la Sanidad y la Educación a las comunidades.
¿Qué está pasando? Pues que en los Presupuestos de 2004 el PP cambió su política de reducir el peso del empleo público (desde 1997 a 2003 estableció que sólo se reponía una de cada cuatro bajas en todas las administraciones, aunque las autonómicas y las locales se saltaron a la torera la norma) y que el PSOE ha acelerado la contratación de empleo público en esta legislatura. A esto hay que añadir el incremento de la política retributiva de la función pública, que contempla por ejemplo pagas extraordinarias completas.
Sólo en los tres últimos años (de los que se puede hacer un seguimiento homogéneo) existen unos 25.000 funcionarios nuevos en los ministerios. Siguen entrando por goteo en cada ejercicio. Según fuentes oficiales, este crecimiento se debe a las ofertas de empleo público de los últimos años, sobre todo para incrementar las dotaciones de guardias civiles y policías nacionales. En concreto, para 2008 está previsto un aumento neto de unos 8.000 efectivos. Pero hay trampa. En realidad, están aumentando la plantillas pero no el número de personas dedicadas a seguridad ciudadana.
En fuentes del PP dicen que, como no cuajó la idea del ex ministro Sevilla de realizar 25.000 jubilaciones anticipadas en la Administración, «a muchos policías y guardias civiles se les está pasando a la situación de pasivo sin salir de la nómina». Es decir, «se crean más plazas, pero no hay más efectivos ni en las calles ni en otros servicios que se les podría encomendar a estos pasivos como, por ejemplo, la emisión de pasaportes o DNI. Sólo hay que ver las colas que hay que aguantar», señalan. «Los nuevos no se suman a los anteriores, les sustituyen», concluyen.
Por otra parte, resulta también llamativo el crecimiento de los altos cargos del Estado en los últimos años y sobre todo de los asesores ministeriales. Sólo entre 2006 y 2007 ha aumentado su número en casi 100 personas (de 700 a 798).
Este mismo esfuerzo que pedía Fernández Ordóñez al Gobierno, de no comprometer el superávit público, lo hizo también extensivo para autonomías «que todavía presentan un saldo público deficitario a pesar de la buena coyuntura económica de los últimos años».
Sin embargo, lo mismo que ocurre con la del Estado, la política de empleo público de las autonomías, y también de los ayuntamientos, se mueve en una nebulosa difícil de desentrañar. Julio Padilla, portavoz del PP en el sector público, señala «la enorme opacidad que existe sobre el número real de empleados públicos y su coste».
Este apagón informativo en esta materia se comprueba por ejemplo con el dato de que el Gobierno no ha publicado en julio el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones en el que debería aparecer el empleo creado por autonomías y ayuntamientos antes de las elecciones de mayo. De todas formas, no existen datos oficiales reales. Por ejemplo, a este Boletín le sale 2,5 millones de funcionarios en enero y sin embargo el Instituto Nacional de Estadística cuenta casi tres millones. Y por su fuera poco, estas cifras tampoco concuerdan con las que facilita la intervención general del Estado ni los Presupuestos Generales.
Dice un viejo adagio que «la estadística sirve para quien la maneja». Y sobre esta materia, los gobiernos son muy hábiles para ocultar realidades.
Según los Presupuestos que ha enviado el Gobierno al Parlamento para 2008, la plantilla de los funcionarios del Estado (de carrera, más personal laboral fijo y eventual, contratado y vario) aumentará en unas 12.000 personas respecto a la de 2007, hasta situarse en 584.247 empleados. Sin embargo, esta cifra sólo se corresponde a los empleados públicos adscritos a los ministerios y sus delegaciones provinciales y autonómicas, a sus organismos autónomos y públicos, así como a las denominadas agencias estatales.
Es decir, en estas cifras no figuran los empleados de las empresas y sociedades mercantiles del Estado; los funcionarios de la Seguridad Social (Tesorería e Instituto Nacional de la Seguridad Social); los del Congreso y Senado, incluidas sus señorías; y los que pertenecen a órganos constituyentes, como por ejemplo los del Tribunal Constitucional. Los de la Casa Real están adscritos a los departamentos, y a sus presupuestos, que prestan el servicio. Por ejemplo, sin que se conozca su número, los gastos en personal de «apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado» (programa 911Q) tienen una previsión en 2007 de 5,5 millones de euros.
También habría que sumar las 30.000 excedencias largas de funcionarios que han decidido apostar por el sector privado y que pueden solicitar su vuelta al Estado en cualquier momento de su vida si las cosas vienen mal dadas.
Sí figuran en esta información presupuestaria el número de empleados de los ministerios que tienen transferidas sus competencias total o parcialmente a las autonomías, como por ejemplo los 3.455 de Sanidad; los 23.772 de Educación; o los 457 de Vivienda, el último ministerio creado y que tiene proporcionalmente el mayor número de altos cargos y asesores (19 en total).
Todo estos datos, sin embargo, no coinciden con los facilitados por la intervención general del Estado, que se supone habilita los pagos de las nóminas. Por ejemplo, para rizar más el rizo, en 2006 (últimos datos, facilitados en julio de 2007) a estos funcionarios públicos del ministerio de Economía le salen 500.751 empleados sólo del Estado. Si se suman los de la Seguridad Social y de «otros organismos», que se facilitan aparte, salen 569.098 contratados como personal administrativo. Llama la atención que por ejemplo compute este colectivo a 137.669 empleados de la administración militar cuando en los Presupuestos de 2008 aparecen 50.000 más en Defensa, o que cifre en 24.669 los de la administración de Justicia, cuando en dichos Presupuestos aparecen casi 14.000 más.
Aún así, la propia intervención reconoce la existencia de 175.412 empleados no administrativos del Estado (46.960 de las entidades públicas empresariales; 119.154 de las sociedades mercantiles; 7.073 de otros organismos públicos; y 2.225 del sector público fundacional).
Es decir, de entrada, a la intervención le salen 744.510 empleados de la administración estatal.
Por otra parte, a la hora de analizar el empleo creado en los últimos años y el previsto en 2008, además de la oferta de contratación pública abierta para aumentar las plantillas de guardias civiles y policías, y también en la administración de Justicia, se observan otros 6.000 en los ministerios (más otros 4.588 de promoción interna, es decir, ascensos y paso de eventuales a fijos). Así, por ejemplo, las plantillas de Medio Ambiente, Administraciones Públicas y Cultura aumentarán el año que viene en conjunto en más de 1.100 funcionarios.
Los expertos consultados en materia presupuestaria comentan que empieza a salir cara la administración del Estado en materia de personal por el elevado número de personas que componen la nómina.
En este sentido, recuerdan que sólo el ministerio de Defensa, que incrementa su plantilla en más de 700 empleados para 2008 (aunque tiene 10.165 como «personal vario»), es el único departamento que está echando mano de personal inmigrante a la hora de configurar el previsto ejército profesional. Su contratación es más asequible desde el punto de vista del gasto. Esta situación no se da en el resto de la administración porque, según fuentes oficiales, «los funcionarios tienen un sueldo tasado».
Lo que es evidente es que no existe homogeneización alguna ni estadísticas fiables del número de funcionarios en todas las administraciones que configuran el Estado. Y ningún Gobierno ha hecho nada por cambiar la situación, sobre todo «cuando las autonomías no están obligadas a reportar estos datos, por ejemplo al parlamento nacional», dicen en fuentes del PP.
El caso es que sólo existe un informe oficial del ministerio de Administraciones Públicas, denominado Boletín Estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas. Pero debería haberse publicado en julio y no se ha hecho. El apagón estadístico coincide con la sospecha de que el empleo ha crecido espectacularmente en autonomías y ayuntamientos como consecuencia de las elecciones de mayo y del aumento de la recaudación en los primeros meses del año.
De todas formas, los últimos datos de este Boletín tampoco se aproximan a los aportados por los Presupuestos, los de la intervención general o los de la Encuesta de Población Activa (EPA). Así, según las cifras del Boletín de enero de 2007, en España había 2.512.038 empleados públicos (553.206, de la administración central; 1.260.575, de las autonomías; 602.001, de los ayuntamientos; y 96.256, de las universidades transferidas).
Sin embargo, en este registro hay grandes ausencias. No figuran: los altos cargos de las administraciones (una central, 17 autonómicas y casi 8.000 municipales); los diputados nacionales y autonómicos, ni los senadores; el personal de los órganos constitucionales; ni el de reserva de Defensa, guardia civil, policía nacional y el del Centro Nacional de Inteligencia; tampoco los efectivos de las empresas públicas del Estado, autonomías y ayuntamientos. Además, estos datos no son muy fiables. Hay muchas lagunas. Por ejemplo, cuantifica en 55.875 el número de empleados de las entidades públicas empresariales cuando la intervención da más de 175.000 de sólo el Estado.
De todas formas, con los datos desagregados que se conocen, el empleo público viene creciendo a una media superior a los 100.000 puestos anuales en toda España. Así, según la EPA, en el primer trimestre de 2007 había 2.932.200 empleados. Y aquí, al tratarse de una encuesta, no hay trampa posible. Sólo se le pregunta si trabaja en el sector público o en el privado.
--------------------------------------------------------------------------------
Funcionarios, ¿para qué?
TOM BURNS MARAÑON
Al margen de los directamente beneficiados que vivirán hasta su jubilación, trienio tras trienio, de los presupuestos del Estado y de sus familiares ¿hay alguna razón por la cual el resto de la ciudadanía debería festejar el aumento del número de funcionarios cuyas nóminas ha de pagar con sus impuestos? ¿Es más fuerte el Estado porque son más sus empleados? Eso depende de lo que se entienda por «fuerte». Lo normal es preguntarse ¿fuerte para qué? ¿Para hacer y guardar la ley con la administración de la justicia y los cuerpos de seguridad? Vale. ¿Para desarrollar la representación y los intereses de la Nación en el exterior? También. En esta España tan transferida, poco más le incumbe al Gobierno central. La reflexión sensata es que lo que presta a un Estado fuerza en el mejor sentido de la palabra es una pujante sociedad civil, celosa de la libertad individual y del Estado de Derecho, que alienta el esfuerzo, fomenta el sentido de responsabilidad de cada uno y premia al emprendedor.
¿Es más eficaz el Estado por tener cuantos más funcionarios mejor? Si la eficacia se mide por entregar a quien paga bienes y servicios que son buenos, bonitos y baratos, hay margen para muchas dudas. A nadie se le pasa por la cabeza pensar que el funcionariado es un colectivo competitivo de individuos incentivados. Está lejos de ser una incubadora para la imaginación y la innovación. La pregunta del millón es ¿qué hacen funcionarios del Estado que empleados del sector privado podrían hacer más con más esmero, rapidez, calidad y garantía y a menor coste? Uno por uno, y con criterios de máxima atención al cliente, al consumidor y, a fin de cuentas, al contribuyente, se han de evaluar los servicios que presta el sector público y medirlos ante lo que ofrece el privado.
