Las empresas temen que la subida hasta 800 euros arrastre al resto de convenios colectivos
Fuente
Actualmente existe un cierto consenso sobre la necesidad de que la economía tenga un salario mínimo interprofesional, por entender que lleva asociados una serie de beneficios sociales y económicos que repercuten favorablemente en el conjunto de la economía. Sin embargo, no son todo ventajas, también plantea graves inconvenientes, como sus efectos inflacionistas, dado que presiona al alza sobre el conjunto de la negociación colectiva.
Esta es la razón por la que la patronal CEOE se ha opuesto radicalmente a la propuesta hecha por los sindicatos y que recogerá el programa electoral socialista de situar el salario mínimo en 800 euros netos por catorce pagas en el año 2012. La propuesta sindical va incluso más allá, puesto que reclaman un crecimiento del 8% anual hasta el 2016 con el fin de situarlo en 1.111 euros. El objetivo es llegar a alcanzar el 60% del salario medio como recomienda la Carta Social Europea.
Esta iniciativa puede resultar tremendamente inflacionista, según se afirma en la patronal. No se teme el impacto directo, ya que apenas hay 110.000 personas, lo que representa el 0,65% de los asalariados. Su temor es la influencia indirecta en la negociación colectiva. Como afirma el secretario general de la CEOE, Juan Jiménez Aguilar, el temor es que los sindicatos pidan un aumento en la misma proporción en los salarios mínimos de convenio con el fin de mantener las diferencias que existen con el suelo que marca el Gobierno para los más desprotegidos.
Además, existe otro efecto. Los sindicatos no han renunciado a modificar el Estatuto de los Trabajadores para incluir una cláusula de revisión automática similar a la de los pensionistas. De hecho, esta modificación ya la aprobó el consejo de ministros hace tres años y la paró in extremis Pedro Solbes amenazando con dimitir.
En el hipotético caso de que esta cláusula de revisión acabara implantándose, se introduciría una especie de escala móvil de salarios que sería letal para la economía española. La razón es que, como argumentan los empresarios, al crecer el salario mínimo muy por encima del salario medio llegará un momento en que lo sobrepasaría.
De hecho, en Francia - donde el salario mínimo se sitúa en 1.254 euros brutos mensuales- ya afecta al 15,6% de los asalariados. De mantenerse esta tendencia, el peso de la negociación colectiva, cuyo objetivo es adaptar los costes salariales a la coyuntura de cada empresa, se iría reduciendo. Como dice un destacado empresario, "si no se pone coto a esta tendencia, al final los incrementos salariales los acabará fijando el Gobierno por decreto".
Es precisamente por estas razones por las que países muy sindicalizados como Italia, Alemania o los países nórdicos (Suecia, Finlandia o Noruega) no lo han incorporado a su legislación laboral. Sólo nueve países de la UE tienen el salario mínimo interprofesional.
Los responsables sindicales rechazan estos argumentos rotundamente. El responsable de acción sindical de CC. OO., Juan Ignacio Fernández-Toxo, afirma que cuando se creó el indicador público de rentas especiales (IPREM) se hizo precisamente para evitar que se indiciaran las políticas sociales vinculadas al viejo SMI y recuerda que se introdujeron mecanismos para evitar el efecto arrastre en los convenios. Su colega en UGT, Antonio Ferrer, advierte que en tres años ha subido un 30% sin que haya tenido impacto alguno en la inflación y en el empleo.
Actualmente existe un cierto consenso sobre la necesidad de que la economía tenga un salario mínimo interprofesional, por entender que lleva asociados una serie de beneficios sociales y económicos que repercuten favorablemente en el conjunto de la economía. Sin embargo, no son todo ventajas, también plantea graves inconvenientes, como sus efectos inflacionistas, dado que presiona al alza sobre el conjunto de la negociación colectiva.
Esta es la razón por la que la patronal CEOE se ha opuesto radicalmente a la propuesta hecha por los sindicatos y que recogerá el programa electoral socialista de situar el salario mínimo en 800 euros netos por catorce pagas en el año 2012. La propuesta sindical va incluso más allá, puesto que reclaman un crecimiento del 8% anual hasta el 2016 con el fin de situarlo en 1.111 euros. El objetivo es llegar a alcanzar el 60% del salario medio como recomienda la Carta Social Europea.
Esta iniciativa puede resultar tremendamente inflacionista, según se afirma en la patronal. No se teme el impacto directo, ya que apenas hay 110.000 personas, lo que representa el 0,65% de los asalariados. Su temor es la influencia indirecta en la negociación colectiva. Como afirma el secretario general de la CEOE, Juan Jiménez Aguilar, el temor es que los sindicatos pidan un aumento en la misma proporción en los salarios mínimos de convenio con el fin de mantener las diferencias que existen con el suelo que marca el Gobierno para los más desprotegidos.
Además, existe otro efecto. Los sindicatos no han renunciado a modificar el Estatuto de los Trabajadores para incluir una cláusula de revisión automática similar a la de los pensionistas. De hecho, esta modificación ya la aprobó el consejo de ministros hace tres años y la paró in extremis Pedro Solbes amenazando con dimitir.
En el hipotético caso de que esta cláusula de revisión acabara implantándose, se introduciría una especie de escala móvil de salarios que sería letal para la economía española. La razón es que, como argumentan los empresarios, al crecer el salario mínimo muy por encima del salario medio llegará un momento en que lo sobrepasaría.
De hecho, en Francia - donde el salario mínimo se sitúa en 1.254 euros brutos mensuales- ya afecta al 15,6% de los asalariados. De mantenerse esta tendencia, el peso de la negociación colectiva, cuyo objetivo es adaptar los costes salariales a la coyuntura de cada empresa, se iría reduciendo. Como dice un destacado empresario, "si no se pone coto a esta tendencia, al final los incrementos salariales los acabará fijando el Gobierno por decreto".
Es precisamente por estas razones por las que países muy sindicalizados como Italia, Alemania o los países nórdicos (Suecia, Finlandia o Noruega) no lo han incorporado a su legislación laboral. Sólo nueve países de la UE tienen el salario mínimo interprofesional.
Los responsables sindicales rechazan estos argumentos rotundamente. El responsable de acción sindical de CC. OO., Juan Ignacio Fernández-Toxo, afirma que cuando se creó el indicador público de rentas especiales (IPREM) se hizo precisamente para evitar que se indiciaran las políticas sociales vinculadas al viejo SMI y recuerda que se introdujeron mecanismos para evitar el efecto arrastre en los convenios. Su colega en UGT, Antonio Ferrer, advierte que en tres años ha subido un 30% sin que haya tenido impacto alguno en la inflación y en el empleo.
0 comentarios