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No todo el que busca empleo es un parado

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No todos los ciudadanos que demandan empleo son considerados parados. Esta premisa, en algunos casos difícil de aplicar, es la que motiva una guerra de cifras que ha trascendido la vertiente técnica alentada por la cercanía de las elecciones. Los servicios públicos de empleo contabilizan 3,1 millones de demandantes de empleo, de los que 2,26 son parados. La decisión de sacar a unos 19.200 de la segunda categoría para dejarlos sólo en la primera ha desatado la polémica.

El casi millón de personas que demandan empleo sin ser oficialmente parados responde a diferentes perfiles: ciudadanos que ya tienen ocupación pero que desean (o necesitan) una segunda, otros que aspiran a un trabajo mejor sin abandonar el suyo, jubilados con más de 65 años, demandantes de un empleo inferior a tres meses o con menos de 20 horas semanales, estudiantes, perceptores de un subsidio agrario y aquéllos que rechazan acciones de inserción laboral. Esta clasificación data de 1985 y no ha variado desde entonces.

Datos homogéneos
Lo que sí cambió en mayo de 2005 es el sistema de información de los servicios públicos de empleo. Con todas las competencias transferidas, el llamado SISPE, que incluyó por primera vez a los extranjeros entre los parados, permite acceder a los datos de las comunidades y computarlos de forma homogénea. Pese a todo, los profesionales que atienden a cada parado son quienes en última instancia deciden si alguien es parado o no.

El nuevo sistema, que en su momento sacó a la luz a casi medio millón de parados más -entonces no hubo críticas políticas por empeorar las cifras- fue ideado bajo mandato del Partido Popular, pero sólo se aplica en su plenitud desde 2005.
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