La opinión negativa sobre la economía alcanza ya a la mitad de los españoles
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El pesimismo impregna cada vez más las percepciones ciudadanas sobre la evolución de la economía española. La opinión pública ha experimentado una auténtica inversión de posiciones desde el verano pasado, cuando casi la mitad de los consultados juzgaba buena o muy buena la situación económica, y sólo un 28% la enjuiciaba negativamente. Actualmente es justo lo contrario: casi la mitad de los españoles, el 48%, considera que la actual situación económica del país es mala o muy mala y sólo un 32% la califica de buena o muy buena. Y si las impresiones negativas han crecido en 20 puntos desde julio, las positivas han caído en torno a 16.
El cambio en la opinión pública emergió ya en octubre, cuando sólo un 39% de los ciudadanos emitía una opinión positiva sobre la marcha de la economía, frente al 34% que pensaba lo contrario. Sin embargo, fue en diciembre cuando las opiniones negativas se pusieron por delante, y ahora el deterioro de las percepciones sobre la situación económica española se aprecia en toda su crudeza.
Los votantes del PP se caracterizan por expresar opiniones mucho más negativas que el resto de los españoles. Entre ellos existe un acuerdo casi unánime en que la situación económica es mala o muy mala, mientras que, por el contrario, entre los electores de las demás fuerzas políticas las opiniones se muestran bastante más divididas, con un ligero predominio de las percepciones positivas entre los votantes del PSOE (ya que el 42% de ellos considera buena la situación económica y el 35% opina que es mala).
También en lo que se refiere a la percepción de la situación política predominan las valoraciones negativas. La mitad de los españoles (el 50%) califica de mala o muy mala la situación, mientras que tres de cada diez (30%) la califican de buena o muy buena.
A diferencia de lo que ocurre con la evolución de la situación económica, en la percepción de la coyuntura política apenas hay cambios, pues crecen en similar magnitud las opiniones positivas y las negativas. Además, y como se viene repitiendo en sondeos anteriores, las opiniones de los ciudadanos responden a sus posiciones partidistas. Los votantes del PP son los que emiten opiniones más negativas, aunque también tienen mala opinión sobre la actual coyuntura los votantes de CiU y ERC. Por el contrario, los electores del PSOE tienen una percepción más bien favorable.
Por lo que respecta a las preocupaciones de los ciudadanos, desde el atentado cometido por ETA en Barajas en diciembre del 2006 el terrorismo se ha vuelto a situar como el primer problema para los españoles. En la presente encuesta, un 56% de los entrevistados sitúa este asunto entre los tres principales problemas del país, aunque ese porcentaje registra una tendencia a la baja desde enero del 2007.
En segundo lugar se ha venido mencionando sistemáticamente el problema de la vivienda, al que en esta ocasión se refiere el 42% de los entrevistados. Sin embargo, desde la encuesta de octubre pasado ha caído en doce puntos la proporción de entrevistados que mencionan este asunto. En cambio, el problema que se ha incorporado entre las principales inquietudes de los españoles es el del coste de la vida, mencionado también por el 42%; es decir, al mismo nivel que la vivienda.
En cambio, la relación de problemas que se sitúan a continuación viene a ser la misma que en sondeos anteriores: el 35% menciona el paro; el 30%, la inmigración; el 26%, la inseguridad ciudadana, y porcentajes más reducidos señalan la droga y la educación (21%) o la sanidad (15%).
Frente a las preocupaciones de los españoles, las políticas sectoriales desarrolladas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que suscitan mejor valoración son las referidas a los derechos de los ciudadanos, las relaciones internacionales y la sanidad, todas ellas calificadas con puntuaciones por encima del 5.
En cambio, no llega al aprobado la política de educación o la autonómica (ambas con calificaciones de 4,8, sobre diez), así como la política de empleo y la de justicia (4,6). El suspenso es algo más acentuado en la política de seguridad ciudadana (4,4), o en la de inmigración (4,2), mientras que es más claro todavía en lo que se refiere a la vivienda (3,8) y el terrorismo (3,7).
El pesimismo impregna cada vez más las percepciones ciudadanas sobre la evolución de la economía española. La opinión pública ha experimentado una auténtica inversión de posiciones desde el verano pasado, cuando casi la mitad de los consultados juzgaba buena o muy buena la situación económica, y sólo un 28% la enjuiciaba negativamente. Actualmente es justo lo contrario: casi la mitad de los españoles, el 48%, considera que la actual situación económica del país es mala o muy mala y sólo un 32% la califica de buena o muy buena. Y si las impresiones negativas han crecido en 20 puntos desde julio, las positivas han caído en torno a 16.
El cambio en la opinión pública emergió ya en octubre, cuando sólo un 39% de los ciudadanos emitía una opinión positiva sobre la marcha de la economía, frente al 34% que pensaba lo contrario. Sin embargo, fue en diciembre cuando las opiniones negativas se pusieron por delante, y ahora el deterioro de las percepciones sobre la situación económica española se aprecia en toda su crudeza.
Los votantes del PP se caracterizan por expresar opiniones mucho más negativas que el resto de los españoles. Entre ellos existe un acuerdo casi unánime en que la situación económica es mala o muy mala, mientras que, por el contrario, entre los electores de las demás fuerzas políticas las opiniones se muestran bastante más divididas, con un ligero predominio de las percepciones positivas entre los votantes del PSOE (ya que el 42% de ellos considera buena la situación económica y el 35% opina que es mala).
También en lo que se refiere a la percepción de la situación política predominan las valoraciones negativas. La mitad de los españoles (el 50%) califica de mala o muy mala la situación, mientras que tres de cada diez (30%) la califican de buena o muy buena.
A diferencia de lo que ocurre con la evolución de la situación económica, en la percepción de la coyuntura política apenas hay cambios, pues crecen en similar magnitud las opiniones positivas y las negativas. Además, y como se viene repitiendo en sondeos anteriores, las opiniones de los ciudadanos responden a sus posiciones partidistas. Los votantes del PP son los que emiten opiniones más negativas, aunque también tienen mala opinión sobre la actual coyuntura los votantes de CiU y ERC. Por el contrario, los electores del PSOE tienen una percepción más bien favorable.
Por lo que respecta a las preocupaciones de los ciudadanos, desde el atentado cometido por ETA en Barajas en diciembre del 2006 el terrorismo se ha vuelto a situar como el primer problema para los españoles. En la presente encuesta, un 56% de los entrevistados sitúa este asunto entre los tres principales problemas del país, aunque ese porcentaje registra una tendencia a la baja desde enero del 2007.
En segundo lugar se ha venido mencionando sistemáticamente el problema de la vivienda, al que en esta ocasión se refiere el 42% de los entrevistados. Sin embargo, desde la encuesta de octubre pasado ha caído en doce puntos la proporción de entrevistados que mencionan este asunto. En cambio, el problema que se ha incorporado entre las principales inquietudes de los españoles es el del coste de la vida, mencionado también por el 42%; es decir, al mismo nivel que la vivienda.
En cambio, la relación de problemas que se sitúan a continuación viene a ser la misma que en sondeos anteriores: el 35% menciona el paro; el 30%, la inmigración; el 26%, la inseguridad ciudadana, y porcentajes más reducidos señalan la droga y la educación (21%) o la sanidad (15%).
Frente a las preocupaciones de los españoles, las políticas sectoriales desarrolladas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que suscitan mejor valoración son las referidas a los derechos de los ciudadanos, las relaciones internacionales y la sanidad, todas ellas calificadas con puntuaciones por encima del 5.
En cambio, no llega al aprobado la política de educación o la autonómica (ambas con calificaciones de 4,8, sobre diez), así como la política de empleo y la de justicia (4,6). El suspenso es algo más acentuado en la política de seguridad ciudadana (4,4), o en la de inmigración (4,2), mientras que es más claro todavía en lo que se refiere a la vivienda (3,8) y el terrorismo (3,7).
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