El 40% de los beneficiarios del seguro de paro provienen de un despido pactado. El incremento de la temporalidad aumenta el gasto en desempleo
Fuente R. Pascual
La mitad de los parados que cada mes cobran la prestación contributiva por desempleo llegan a esta situación porque se les ha terminado un contrato temporal, y la otra mitad, porque han sido despedidos. De estos últimos, nueve de cada diez han pactado su indemnización con el empresario.
En 1997 sólo el 5% de estos perceptores había acordado su indemnización
Durante 2007, los Servicios Públicos de Empleo (antiguo Inem) abonaron prestaciones por desempleo contributivas a una media de 770.900 parados cada mes, lo que supone un incremento del 8% respecto al año anterior.
Estas prestaciones sólo las cobran los trabajadores que han cotizado lo suficiente para ello. Esto es: al menos un año completo de cotizaciones al desempleo para poder cobrar dicha prestación durante cuatro meses. Si bien las condiciones de los que llegan a cobrar esta prestación no son siempre las mismas.
Según el Ministerio de Trabajo, hasta noviembre (último mes con datos disponibles), alrededor de la mitad de los perceptores de prestaciones de desempleo contributivas procedían de un despido (una media de 330.400 cada mes en 2007); mientras que la otra mitad, se quedaron en paro porque se les terminó un contrato temporal (388.000 personas al mes el pasado año).
Pero igualmente, dentro de los despedidos, las condiciones de acceso a la prestación también varía.
De hecho, sólo unos 5.800 despedidos al mes solicitaron la prestación tras haber llevado a la empresa a los tribunales y haber conseguido una sentencia favorable. Mientras, otros 16.400 beneficiarios mensuales, cobra la prestación después de haber llegado a un acuerdo con el empresario en un acta de conciliación.
Frente a estos colectivos, que apenas representan el 7% de todos los despedidos, están los que llegan a cobrar la prestación por desempleo tras haber pactado las condiciones de su despido con el empresario. Estos que son nueve de cada diez despedidos, representan el 40% del total de los perceptores de la prestación contributiva por desempleo.
Esta situación, se ha incrementado progresivamente en los últimos diez años, ya que en 1997 los beneficiarios de estas prestaciones que provenían de despidos pactados era sólo del 5% del total.
Dicho todo esto, el fuerte incremento de trabajadores que llegan al cobro del desempleo tras pactar su indemnización sugiere que cada vez hay más empresarios dispuestos a pagar una indemnización por despido al trabajador incluso mayor que la que le podría corresponder en los juzgados.
Esto sólo es explicable porque debido a la situación financiera de la empresa, al empresario le compense pagar una indemnización mayor al trabajador antes que mantenerle en nómina.
No obstante, el mayor incremento del gasto por desempleo procede del grupo de trabajadores temporales que entra y sale constantemente del empleo con lo que cotiza y cobra de manera intermitente el seguro de paro.
Esto provoca que, cuanto más crece la temporalidad, más se incrementa el gasto en protección por desempleo.
Además de estos dos colectivos de beneficiarios del seguro de paro, existe un tercer grupo de desempleados formado por aproximadamente el mismo número de personas, que no ha cotizado lo suficiente o se les ha agotado el periodo de cobro, pero que por ser mayor de 52 años o carecer de ingresos y tener cargas familiares cobran los subsidios de desempleo. Asimismo, existe otra ayuda denominada Renta Activa de Inserción que supone el cobro de una ayuda económica por la asistencia a cursos formativos.
Ocho días para reconocer la prestación
El Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo Inem) es el encargado de reconocer y abonar las prestaciones por desempleo.
En los últimos años, la gestión de las políticas activas de empleo (dinero para financiar el reciclaje de los desempleados) se ha transferido a todas las comunidades autónomas, salvo al País Vasco. Sin embargo, el Gobierno ha mantenido la gestión de las políticas pasivas de empleo (reconocimiento y pago de las citadas prestaciones por desempleo) ya que se trata, al igual que la Seguridad Social, de una caja única para toda España.
Pues bien, tras numerosos problemas de personal debidos al transvase de funcionarios del Estado a las comunidades a medida que se iban produciendo estas transferencias, el Ministerio de Trabajo asegura que ha mejorado notablemente la eficiencia de sus empleados públicos a la hora de reconocer las prestaciones por desempleo.
Así, en enero de 2007 los funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal reconocían estas prestaciones en el plazo 13 días y en noviembre de este mismo año habían recortado este plazo a 8 días.
Según las cifras del Ministerio de Trabajo, ha sido a lo largo de los dos últimos años cuando se produjo el avance más significativo en esta mejora de la eficacia administrativa, ya que a comienzos de 2005 y 2006 el periodo para que se reconociera una prestación por desempleo era de 20 días hábiles.
La mitad de los parados que cada mes cobran la prestación contributiva por desempleo llegan a esta situación porque se les ha terminado un contrato temporal, y la otra mitad, porque han sido despedidos. De estos últimos, nueve de cada diez han pactado su indemnización con el empresario.
En 1997 sólo el 5% de estos perceptores había acordado su indemnización
Durante 2007, los Servicios Públicos de Empleo (antiguo Inem) abonaron prestaciones por desempleo contributivas a una media de 770.900 parados cada mes, lo que supone un incremento del 8% respecto al año anterior.
Estas prestaciones sólo las cobran los trabajadores que han cotizado lo suficiente para ello. Esto es: al menos un año completo de cotizaciones al desempleo para poder cobrar dicha prestación durante cuatro meses. Si bien las condiciones de los que llegan a cobrar esta prestación no son siempre las mismas.
Según el Ministerio de Trabajo, hasta noviembre (último mes con datos disponibles), alrededor de la mitad de los perceptores de prestaciones de desempleo contributivas procedían de un despido (una media de 330.400 cada mes en 2007); mientras que la otra mitad, se quedaron en paro porque se les terminó un contrato temporal (388.000 personas al mes el pasado año).
Pero igualmente, dentro de los despedidos, las condiciones de acceso a la prestación también varía.
De hecho, sólo unos 5.800 despedidos al mes solicitaron la prestación tras haber llevado a la empresa a los tribunales y haber conseguido una sentencia favorable. Mientras, otros 16.400 beneficiarios mensuales, cobra la prestación después de haber llegado a un acuerdo con el empresario en un acta de conciliación.
Frente a estos colectivos, que apenas representan el 7% de todos los despedidos, están los que llegan a cobrar la prestación por desempleo tras haber pactado las condiciones de su despido con el empresario. Estos que son nueve de cada diez despedidos, representan el 40% del total de los perceptores de la prestación contributiva por desempleo.
Esta situación, se ha incrementado progresivamente en los últimos diez años, ya que en 1997 los beneficiarios de estas prestaciones que provenían de despidos pactados era sólo del 5% del total.
Dicho todo esto, el fuerte incremento de trabajadores que llegan al cobro del desempleo tras pactar su indemnización sugiere que cada vez hay más empresarios dispuestos a pagar una indemnización por despido al trabajador incluso mayor que la que le podría corresponder en los juzgados.
Esto sólo es explicable porque debido a la situación financiera de la empresa, al empresario le compense pagar una indemnización mayor al trabajador antes que mantenerle en nómina.
No obstante, el mayor incremento del gasto por desempleo procede del grupo de trabajadores temporales que entra y sale constantemente del empleo con lo que cotiza y cobra de manera intermitente el seguro de paro.
Esto provoca que, cuanto más crece la temporalidad, más se incrementa el gasto en protección por desempleo.
Además de estos dos colectivos de beneficiarios del seguro de paro, existe un tercer grupo de desempleados formado por aproximadamente el mismo número de personas, que no ha cotizado lo suficiente o se les ha agotado el periodo de cobro, pero que por ser mayor de 52 años o carecer de ingresos y tener cargas familiares cobran los subsidios de desempleo. Asimismo, existe otra ayuda denominada Renta Activa de Inserción que supone el cobro de una ayuda económica por la asistencia a cursos formativos.
Ocho días para reconocer la prestación
El Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo Inem) es el encargado de reconocer y abonar las prestaciones por desempleo.
En los últimos años, la gestión de las políticas activas de empleo (dinero para financiar el reciclaje de los desempleados) se ha transferido a todas las comunidades autónomas, salvo al País Vasco. Sin embargo, el Gobierno ha mantenido la gestión de las políticas pasivas de empleo (reconocimiento y pago de las citadas prestaciones por desempleo) ya que se trata, al igual que la Seguridad Social, de una caja única para toda España.
Pues bien, tras numerosos problemas de personal debidos al transvase de funcionarios del Estado a las comunidades a medida que se iban produciendo estas transferencias, el Ministerio de Trabajo asegura que ha mejorado notablemente la eficiencia de sus empleados públicos a la hora de reconocer las prestaciones por desempleo.
Así, en enero de 2007 los funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal reconocían estas prestaciones en el plazo 13 días y en noviembre de este mismo año habían recortado este plazo a 8 días.
Según las cifras del Ministerio de Trabajo, ha sido a lo largo de los dos últimos años cuando se produjo el avance más significativo en esta mejora de la eficacia administrativa, ya que a comienzos de 2005 y 2006 el periodo para que se reconociera una prestación por desempleo era de 20 días hábiles.
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