30 años de economía en democracia
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Claves de un cambio exitoso. La apertura de la economía, el saneamiento de las finanzas públicas o la flexibilización del mercado laboral están entre los principales hitos del cambio experimentado. Ahora se trata de aprovechar la experiencia para potenciar la competitividad y formación sin descuidar el valor del consenso político
Aunque el dicho asegura que 100 años no son nada, y mucho menos 30 años, en materia económica este plazo de tiempo es más que una eternidad. Mucho más si lo que se analiza es la evolución reciente de la economía española. Historiadores y economistas de cualquier tendencia o escuela no han encontrado aún un periodo de tal prosperidad económica en el país, como el vivido desde el fin del franquismo hasta nuestros días. Y eso que 30 años han dado para sufrir crisis económicas de calado (1978 y 1993), huelgas generales, crisis monetarias (1992) y financieras de indudable calado.
La primera de ellas se produjo nada más iniciarse la transición política. La muerte de Franco coincidió con un periodo en el que, para asegurar los pactos políticos 'había que cimentar primero la maltrecha economía', afectada por el encarecimiento del petróleo, tal y como afirmaba el recientemente fallecido Enrique Fuentes Quintana, uno de los padres de la política económica y fiscal moderna. Y es que los Pactos de la Moncloa sirvieron para atajar una inflación que llegó a crecer al 44% (un 26% de media en 1977), un déficit corriente de 5.000 millones de dólares (astronómicos por aquella época) y una tasa de actividad, que apenas llegaba al 36% de la población. La destrucción masiva de empleo alcanzó a 900.000 personas, sin red de protección. La receta para ello fue sujetar a los agentes económicos (sindicatos y empresarios) a unas reglas de estabilidad que pasaban por el control salarial, de los precios y las tarifas. Más tarde, cuando España soñaba con su entrada en la Comunidad Económica Europea (1986), y posteriormente, como país fundador de la zona euro (1999), fue necesario también el saneamiento de las finanzas públicas, en términos de déficit, endeudamiento, inflación y tipo de cambio, control que ha llegado hasta ahora. De esta forma, la cultura de la 'estabilidad' y del cumplimiento de las reglas del juego se ha expandido por todo el tejido económico, según admiten todos los grandes servicios de estudios con prestigio en el país, desde la banca (AEB, BBVA, Santander, Caja Madrid, La Caixa y Caixa Catalunya) hasta los más ligados a empresarios y al mundo de los negocios (Círculo de Empresarios, Círculo de Economía, Instituto de Estudios Económicos, Cámaras de Comercio e IESE).
Además, la historia económica de estos 30 años ha enseñado que la fijación de retos a medio plazo (como el euro) ha venido bien a un país muy acostumbrado a improvisaciones. Pasados estos 30 años, el debate abierto se cierne ahora en saber aprovechar este largo camino recorrido para reactivar el modelo de crecimiento español, en un mundo globalizado y extremadamente cambiante, donde Europa es sólo otro área más de desarrollo económico. Tanto el FMI como la OCDE y el resto de organismos económicos internacionales dibujan a España como una economía muy dinámica (20 millones de ocupados, cinco millones llegados en los últimos diez años), que ha adelantado a otras similares (como Italia en renta per cápita) pero que corre el riesgo de morir de éxito. Y este riesgo pasa por la tentación de querer seguir aprovechándose, precisamente de lo que se ha dejado de ser: un país barato en salarios y en oportunidades en sectores tradicionales, como reconocen desde la propia patronal CEOE. Las recetas pasan ahora, no por seguir produciendo bienes intensivos en trabajo sino por fortalecer precisamente la oferta de bienes de mayor valor añadido, en donde el capital tecnológico y la I+D marquen la diferencia frente a las economías emergentes, con bajos niveles salariales y que aún tienen en mantillas su potencial tecnológico. También es necesario mejorar la cualificación profesional y el sistema educativo. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística recalcan que la tasa de actividad en España (porcentaje que representa la población activa sobre la que está en edad de trabajar) ha aumentado considerablemente, pasando de menos del 60% a finales de los años 70 al 73% (EPA, tercer trimestre de 2007). Este aumento en la base laboral sirve sin duda para potenciar las economías de escala de las empresas y fortalecer los ingresos tributarios públicos. Sin embargo, puede tener cimientos 'poco sólidos' si se mantiene una elevada tasa de temporalidad en los contratos (más del 30%, entre las mayores de Europa), se sigue potenciando el empleo de baja cualificación y no se cuida el sistema educativo, como reconoce el Banco de España. Y es que gran parte de esta nueva fuerza laboral (la de los últimos años) reside en la población inmigrante con fuertes carencias en formación. Afincados en sectores de escasa cualificación (servicios y construcción) son presa fácil en etapas de desaceleración económica, como parece que se enfrenta la economía española este año, según todos los expertos.
Otro aspecto a tener en cuenta es el mantenimiento del Estado del bienestar, defendido a ultranza en toda Europa hace sólo dos décadas y que ahora comienza a tener sus fisuras. Sindicatos como CC OO y UGT reclaman incluso, una mejora de la red de protección social ante, precisamente futuras crisis económicas. Sin embargo, ni la patronal ni siquiera gran parte de las fuerzas políticas están por la labor de mantener un sistema 'costoso' en sus términos actuales y que genera abusos si no se controla con eficiencia. Encontrar el punto intermedio entre una y otra tendencia será el objetivo del próximo Gobierno, nacido de las urnas del 9 de marzo, al que le tocará vivir épocas de menor bonanza económica, como apuntan todos los pronósticos, y en donde no dispondrá ni del colchón económico de los fondos europeos (van dirigidos masivamente al Este) ni de técnicas tradicionales como bajadas de tipos de interés (dependen de un organismo superior, el BCE) ni de la depreciación del tipo de cambio, como ocurría hace sólo diez años. A España, una de las economías más abiertas del mundo (su grado de apertura comercial llega ahora al 65% frente al 27,9% de 1978) le toca ganar en eficiencia. Y aplicarla sobre todo en sectores escasamente liberalizados (energía) o en donde la competencia cuesta abrirse paso (servicios).
El colchón con que sí cuenta ahora España y que era desconocido a finales de los 70 (años de números rojos en las cuentas del Estado), es el de un superávit que llega a 17.000 millones de euros. La generación de fuertes excedentes fiscales (1,8% del PIB en 2007) está generando otro debate, el de cómo gestionar una hucha hasta ahora inexistente, como el fondo de reserva de las pensiones (más de 40.000 millones). El consenso parte por seguir elevando su cuantía aunque hay quienes estiman que un ahorro tan grande termina generando costes de oportunidad. En cualquier caso, con ahorros previos siempre se gestionan mejor las crisis.
Claves de un cambio exitoso. La apertura de la economía, el saneamiento de las finanzas públicas o la flexibilización del mercado laboral están entre los principales hitos del cambio experimentado. Ahora se trata de aprovechar la experiencia para potenciar la competitividad y formación sin descuidar el valor del consenso político
Aunque el dicho asegura que 100 años no son nada, y mucho menos 30 años, en materia económica este plazo de tiempo es más que una eternidad. Mucho más si lo que se analiza es la evolución reciente de la economía española. Historiadores y economistas de cualquier tendencia o escuela no han encontrado aún un periodo de tal prosperidad económica en el país, como el vivido desde el fin del franquismo hasta nuestros días. Y eso que 30 años han dado para sufrir crisis económicas de calado (1978 y 1993), huelgas generales, crisis monetarias (1992) y financieras de indudable calado.
La primera de ellas se produjo nada más iniciarse la transición política. La muerte de Franco coincidió con un periodo en el que, para asegurar los pactos políticos 'había que cimentar primero la maltrecha economía', afectada por el encarecimiento del petróleo, tal y como afirmaba el recientemente fallecido Enrique Fuentes Quintana, uno de los padres de la política económica y fiscal moderna. Y es que los Pactos de la Moncloa sirvieron para atajar una inflación que llegó a crecer al 44% (un 26% de media en 1977), un déficit corriente de 5.000 millones de dólares (astronómicos por aquella época) y una tasa de actividad, que apenas llegaba al 36% de la población. La destrucción masiva de empleo alcanzó a 900.000 personas, sin red de protección. La receta para ello fue sujetar a los agentes económicos (sindicatos y empresarios) a unas reglas de estabilidad que pasaban por el control salarial, de los precios y las tarifas. Más tarde, cuando España soñaba con su entrada en la Comunidad Económica Europea (1986), y posteriormente, como país fundador de la zona euro (1999), fue necesario también el saneamiento de las finanzas públicas, en términos de déficit, endeudamiento, inflación y tipo de cambio, control que ha llegado hasta ahora. De esta forma, la cultura de la 'estabilidad' y del cumplimiento de las reglas del juego se ha expandido por todo el tejido económico, según admiten todos los grandes servicios de estudios con prestigio en el país, desde la banca (AEB, BBVA, Santander, Caja Madrid, La Caixa y Caixa Catalunya) hasta los más ligados a empresarios y al mundo de los negocios (Círculo de Empresarios, Círculo de Economía, Instituto de Estudios Económicos, Cámaras de Comercio e IESE).
Además, la historia económica de estos 30 años ha enseñado que la fijación de retos a medio plazo (como el euro) ha venido bien a un país muy acostumbrado a improvisaciones. Pasados estos 30 años, el debate abierto se cierne ahora en saber aprovechar este largo camino recorrido para reactivar el modelo de crecimiento español, en un mundo globalizado y extremadamente cambiante, donde Europa es sólo otro área más de desarrollo económico. Tanto el FMI como la OCDE y el resto de organismos económicos internacionales dibujan a España como una economía muy dinámica (20 millones de ocupados, cinco millones llegados en los últimos diez años), que ha adelantado a otras similares (como Italia en renta per cápita) pero que corre el riesgo de morir de éxito. Y este riesgo pasa por la tentación de querer seguir aprovechándose, precisamente de lo que se ha dejado de ser: un país barato en salarios y en oportunidades en sectores tradicionales, como reconocen desde la propia patronal CEOE. Las recetas pasan ahora, no por seguir produciendo bienes intensivos en trabajo sino por fortalecer precisamente la oferta de bienes de mayor valor añadido, en donde el capital tecnológico y la I+D marquen la diferencia frente a las economías emergentes, con bajos niveles salariales y que aún tienen en mantillas su potencial tecnológico. También es necesario mejorar la cualificación profesional y el sistema educativo. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística recalcan que la tasa de actividad en España (porcentaje que representa la población activa sobre la que está en edad de trabajar) ha aumentado considerablemente, pasando de menos del 60% a finales de los años 70 al 73% (EPA, tercer trimestre de 2007). Este aumento en la base laboral sirve sin duda para potenciar las economías de escala de las empresas y fortalecer los ingresos tributarios públicos. Sin embargo, puede tener cimientos 'poco sólidos' si se mantiene una elevada tasa de temporalidad en los contratos (más del 30%, entre las mayores de Europa), se sigue potenciando el empleo de baja cualificación y no se cuida el sistema educativo, como reconoce el Banco de España. Y es que gran parte de esta nueva fuerza laboral (la de los últimos años) reside en la población inmigrante con fuertes carencias en formación. Afincados en sectores de escasa cualificación (servicios y construcción) son presa fácil en etapas de desaceleración económica, como parece que se enfrenta la economía española este año, según todos los expertos.
Otro aspecto a tener en cuenta es el mantenimiento del Estado del bienestar, defendido a ultranza en toda Europa hace sólo dos décadas y que ahora comienza a tener sus fisuras. Sindicatos como CC OO y UGT reclaman incluso, una mejora de la red de protección social ante, precisamente futuras crisis económicas. Sin embargo, ni la patronal ni siquiera gran parte de las fuerzas políticas están por la labor de mantener un sistema 'costoso' en sus términos actuales y que genera abusos si no se controla con eficiencia. Encontrar el punto intermedio entre una y otra tendencia será el objetivo del próximo Gobierno, nacido de las urnas del 9 de marzo, al que le tocará vivir épocas de menor bonanza económica, como apuntan todos los pronósticos, y en donde no dispondrá ni del colchón económico de los fondos europeos (van dirigidos masivamente al Este) ni de técnicas tradicionales como bajadas de tipos de interés (dependen de un organismo superior, el BCE) ni de la depreciación del tipo de cambio, como ocurría hace sólo diez años. A España, una de las economías más abiertas del mundo (su grado de apertura comercial llega ahora al 65% frente al 27,9% de 1978) le toca ganar en eficiencia. Y aplicarla sobre todo en sectores escasamente liberalizados (energía) o en donde la competencia cuesta abrirse paso (servicios).
El colchón con que sí cuenta ahora España y que era desconocido a finales de los 70 (años de números rojos en las cuentas del Estado), es el de un superávit que llega a 17.000 millones de euros. La generación de fuertes excedentes fiscales (1,8% del PIB en 2007) está generando otro debate, el de cómo gestionar una hucha hasta ahora inexistente, como el fondo de reserva de las pensiones (más de 40.000 millones). El consenso parte por seguir elevando su cuantía aunque hay quienes estiman que un ahorro tan grande termina generando costes de oportunidad. En cualquier caso, con ahorros previos siempre se gestionan mejor las crisis.
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