Productividad, empleo y SMI
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Los indicadores de empleo más recientes apunta a una notable maduración cíclica del mercado de trabajo, en el que se mantiene una fuerte generación de nueva ocupación con un repunte del desempleo. El crecimiento económico, que ha iniciado una desaceleración desde verano en coherencia con la pérdida de pulso de la demanda residencial, no da abasto para absorber toda la población activa que aflora en el mercado, e inevitablemente genera paro a la vez que ocupación. Pese a haberse templado las variables del mercado en los últimos meses, los puestos de trabajo avanzan aún a tasas anuales superiores al 3%, mientras que la población activa desocupada está en los niveles del 8%, mínimos de varias décadas. Esta tasa tiene, además, el mérito añadido de registrarse tras una avalancha de inmigrantes que han disparado la población dispuesta a trabajar.
Aunque pase tradicionalmente desapercibida, es precisamente la población activa el mejor indicador de la madurez de un mercado laboral. Las tasas de dependencia laboral, que miden la relación entre gente con aportación económica al sistema productivo y la población dependiente o pasiva, están en los niveles jamás alcanzados por España, con parámetros muy similares a los de los países más industrializados de Europa. Hoy el 60% de los españoles con más de 16 años (casi 38 millones de personas) está en disposición de trabajar, con niveles que rondan el 70% entre los hombres y muy cercanos al 50% entre las mujeres. Además, como termómetro añadido de madurez, sólo el 6,2% de los hombres está en paro, casi pleno empleo, mientras que poco más del 10% de las mujeres carece de un puesto de trabajo.
La continua flexibilización del mercado desde 1984, la universalización de los sistemas formativos, las políticas sindicales de moderación de costes laborales, la relajación de la presión fiscal sobre el factor trabajo, el sostenido crecimiento económico mantenido desde la apertura exterior en 1986, la consolidación fiscal y la reducción paulatina del peso del sector público sobre la economía, la acelerada extensión de las actividades de servicios y la llegada masiva de mano de obra barata desde el exterior han sido impulsos combinados que han llevado a España a disponer de más de 20,5 millones de empleos, impensables cuando hace diez años las estadísticas sólo reflejaban catorce.
Pero en los últimos años, el crecimiento tan acelerado de la economía ha generado desajustes que pueden dañar la fiabilidad futura del mercado. La pérdida de niveles de productividad ha sido muy alta en determinadas actividades por la presión de la fuerza laboral barata, pese a que en el agregado de la economía comience una ligera recuperación. Las fuertes subidas de las escalas salariales más bajas, empujadas por el salario mínimo interprofesional (SMI) desde 2005, han sido compensadas por la llegada de oferta laboral poco costosa, y un crecimiento robusto ha diluido sus perjuicios. Pero el planteamiento renovado de elevar de nuevo el SMI, esta vez desde 600 a 800 euros mensuales en cuatro años, justo en un momento de desaceleración de actividad y empleo, puede tener un efecto contraproducente para la contratación y un coste para las actividades más intensivas en mano de obra.
Los indicadores de empleo más recientes apunta a una notable maduración cíclica del mercado de trabajo, en el que se mantiene una fuerte generación de nueva ocupación con un repunte del desempleo. El crecimiento económico, que ha iniciado una desaceleración desde verano en coherencia con la pérdida de pulso de la demanda residencial, no da abasto para absorber toda la población activa que aflora en el mercado, e inevitablemente genera paro a la vez que ocupación. Pese a haberse templado las variables del mercado en los últimos meses, los puestos de trabajo avanzan aún a tasas anuales superiores al 3%, mientras que la población activa desocupada está en los niveles del 8%, mínimos de varias décadas. Esta tasa tiene, además, el mérito añadido de registrarse tras una avalancha de inmigrantes que han disparado la población dispuesta a trabajar.
Aunque pase tradicionalmente desapercibida, es precisamente la población activa el mejor indicador de la madurez de un mercado laboral. Las tasas de dependencia laboral, que miden la relación entre gente con aportación económica al sistema productivo y la población dependiente o pasiva, están en los niveles jamás alcanzados por España, con parámetros muy similares a los de los países más industrializados de Europa. Hoy el 60% de los españoles con más de 16 años (casi 38 millones de personas) está en disposición de trabajar, con niveles que rondan el 70% entre los hombres y muy cercanos al 50% entre las mujeres. Además, como termómetro añadido de madurez, sólo el 6,2% de los hombres está en paro, casi pleno empleo, mientras que poco más del 10% de las mujeres carece de un puesto de trabajo.
La continua flexibilización del mercado desde 1984, la universalización de los sistemas formativos, las políticas sindicales de moderación de costes laborales, la relajación de la presión fiscal sobre el factor trabajo, el sostenido crecimiento económico mantenido desde la apertura exterior en 1986, la consolidación fiscal y la reducción paulatina del peso del sector público sobre la economía, la acelerada extensión de las actividades de servicios y la llegada masiva de mano de obra barata desde el exterior han sido impulsos combinados que han llevado a España a disponer de más de 20,5 millones de empleos, impensables cuando hace diez años las estadísticas sólo reflejaban catorce.
Pero en los últimos años, el crecimiento tan acelerado de la economía ha generado desajustes que pueden dañar la fiabilidad futura del mercado. La pérdida de niveles de productividad ha sido muy alta en determinadas actividades por la presión de la fuerza laboral barata, pese a que en el agregado de la economía comience una ligera recuperación. Las fuertes subidas de las escalas salariales más bajas, empujadas por el salario mínimo interprofesional (SMI) desde 2005, han sido compensadas por la llegada de oferta laboral poco costosa, y un crecimiento robusto ha diluido sus perjuicios. Pero el planteamiento renovado de elevar de nuevo el SMI, esta vez desde 600 a 800 euros mensuales en cuatro años, justo en un momento de desaceleración de actividad y empleo, puede tener un efecto contraproducente para la contratación y un coste para las actividades más intensivas en mano de obra.
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