Las reformas laborales que nadie se atreve a plantear.
Fuente R. Pascual
La negociación colectiva, el sistema de protección por desempleo, la intermediación, la inspección y la formación son algunos de los ámbitos que necesitan más cambios.
Cada vez que patronal y sindicatos se sientan a negociar una reforma laboral, la originalidad en los temas de la agenda brillan por su ausencia. Cierto es que está más que probado que los cambios que inciden en la creación de empleo o en su calidad están siempre relacionadoscon los costes del factor trabajo. Debe ser por esta razón que, aunque los negociadores hablen de reformar otros aspectos del mercado laboral, a la hora de la verdad, las recetas son siempre las mismas: abaratar de una u otra forma el coste del empleo. La fórmula de incentivos al empleo fijo mediante rebajas de las cotizaciones empresariales que viene usándose en los últimos diez años empieza a agotarse. Sobre todo en una coyuntura de desaceleración económica, ya que es costosa para las arcas públicas. En cualquier caso, todas las medidas acordadas en reformas laborales hasta la fecha (ampliación de las causas del despido y rebaja de su coste en 1994 y 1997; o la limitación legal al encadenamiento de contratos temporales en 2006) están relacionadas con el coste del empleo.
Sin embargo, hay otra serie de reformas que, por su dificultad y por los intereses de los implicados ni la patronal, ni los sindicatos, ni ningún Gobierno se atreven a abordar. Me refiero a cambios necesarios en el ámbito de la negociación colectiva; el sistema de protección por desempleo; la Inspección de Trabajo y la formación de trabajadores. El último intento de reformar los convenios colectivos fue en 2001. Desde entonces, es un tema prácticamente tabú. “Mejor no mentar la bicha”, dicen en privado empresarios y sindicalistas cuando se les pregunta por este asunto. Los cambios necesarios en esta materia deberían estar orientados a fomentar los convenios sectoriales nacionales, como paraguas amplio de protección y, por otro lado, reforzar los convenios de empresa.
Los miles de acuerdos colectivos que existen en ámbitos intermedios, sobre todo los sectoriales provinciales, deberían ir desapareciendo. Si bien esto es algo a lo que no están dispuestos los cuadros de mandos intermedios de CEOE, CC OO y UGT, cuya labor principal es negociar esos convenios y sin ellos su existencia no tendría razón de ser. Otra gran reforma que lleva quedándose en el tintero en las dos últimas legislaturas es la del sistema de protección por desempleo. Ahora, el seguro de paro tiene un grado de protección aceptable. Pero es en el siguiente peldaño, ayudar al parado a encontrar un nuevo empleo, donde el sistema público falla estrepitosamente. Cuesta mucho encontrar a alguien a quien los servicios de empleo de las comunidades autónomas (antiguo Inem) le haya encontrado un trabajo. Una posible solución sería permitir a las empresas de trabajo temporal que puedan operar también como intermediarios en el sector de empleo fijo y de selección de plantillas. Eso sí, con todas las garantías que ya se les exigen para la gestión del empleo temporal.
Sólo con mecanismos ágiles y eficaces de búsqueda guiada de empleo podría configurarse un sistema de protección por desempleo que no desincentive la búsqueda de un nuevo puesto de trabajo. La otra gran ausente del mercado laboral es la Inspección de Trabajo. Hace falta un cuerpo de vigilancia tan fuerte como el de la Agencia Tributaria. Finalmente, dado el rotundo fracaso del actual sistema de formación de los trabajadores, el Gobierno debería dejar a un lado los intereses subvencionadores de patronal y sindicatos y dar una vuelta imaginativa al sistema, estableciendo incentivos para los empresarios y, sobre todo, para los trabajadores que quieran formarse. (R. Pascual)
La negociación colectiva, el sistema de protección por desempleo, la intermediación, la inspección y la formación son algunos de los ámbitos que necesitan más cambios.
Cada vez que patronal y sindicatos se sientan a negociar una reforma laboral, la originalidad en los temas de la agenda brillan por su ausencia. Cierto es que está más que probado que los cambios que inciden en la creación de empleo o en su calidad están siempre relacionadoscon los costes del factor trabajo. Debe ser por esta razón que, aunque los negociadores hablen de reformar otros aspectos del mercado laboral, a la hora de la verdad, las recetas son siempre las mismas: abaratar de una u otra forma el coste del empleo. La fórmula de incentivos al empleo fijo mediante rebajas de las cotizaciones empresariales que viene usándose en los últimos diez años empieza a agotarse. Sobre todo en una coyuntura de desaceleración económica, ya que es costosa para las arcas públicas. En cualquier caso, todas las medidas acordadas en reformas laborales hasta la fecha (ampliación de las causas del despido y rebaja de su coste en 1994 y 1997; o la limitación legal al encadenamiento de contratos temporales en 2006) están relacionadas con el coste del empleo.
Sin embargo, hay otra serie de reformas que, por su dificultad y por los intereses de los implicados ni la patronal, ni los sindicatos, ni ningún Gobierno se atreven a abordar. Me refiero a cambios necesarios en el ámbito de la negociación colectiva; el sistema de protección por desempleo; la Inspección de Trabajo y la formación de trabajadores. El último intento de reformar los convenios colectivos fue en 2001. Desde entonces, es un tema prácticamente tabú. “Mejor no mentar la bicha”, dicen en privado empresarios y sindicalistas cuando se les pregunta por este asunto. Los cambios necesarios en esta materia deberían estar orientados a fomentar los convenios sectoriales nacionales, como paraguas amplio de protección y, por otro lado, reforzar los convenios de empresa.
Los miles de acuerdos colectivos que existen en ámbitos intermedios, sobre todo los sectoriales provinciales, deberían ir desapareciendo. Si bien esto es algo a lo que no están dispuestos los cuadros de mandos intermedios de CEOE, CC OO y UGT, cuya labor principal es negociar esos convenios y sin ellos su existencia no tendría razón de ser. Otra gran reforma que lleva quedándose en el tintero en las dos últimas legislaturas es la del sistema de protección por desempleo. Ahora, el seguro de paro tiene un grado de protección aceptable. Pero es en el siguiente peldaño, ayudar al parado a encontrar un nuevo empleo, donde el sistema público falla estrepitosamente. Cuesta mucho encontrar a alguien a quien los servicios de empleo de las comunidades autónomas (antiguo Inem) le haya encontrado un trabajo. Una posible solución sería permitir a las empresas de trabajo temporal que puedan operar también como intermediarios en el sector de empleo fijo y de selección de plantillas. Eso sí, con todas las garantías que ya se les exigen para la gestión del empleo temporal.
Sólo con mecanismos ágiles y eficaces de búsqueda guiada de empleo podría configurarse un sistema de protección por desempleo que no desincentive la búsqueda de un nuevo puesto de trabajo. La otra gran ausente del mercado laboral es la Inspección de Trabajo. Hace falta un cuerpo de vigilancia tan fuerte como el de la Agencia Tributaria. Finalmente, dado el rotundo fracaso del actual sistema de formación de los trabajadores, el Gobierno debería dejar a un lado los intereses subvencionadores de patronal y sindicatos y dar una vuelta imaginativa al sistema, estableciendo incentivos para los empresarios y, sobre todo, para los trabajadores que quieran formarse. (R. Pascual)
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