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Caldera busca fórmulas para ‘maquillar’ el paro de febrero.

Fuente 
Diseña una rúbrica nueva para desviar entre 50.000 y 100.000 desempleados en el cómputo total.
El Gobierno, alarmado por el número de parados que pueden arrojar los datos de febrero, que se publicarán el martes previo a las elecciones, está reinventando la forma de contabilizar a los desempleados.
Con ese objetivo en la mente se dispone a maquillar la rúbrica Demandantes de empleo no ocupados y crear una subcategoría nueva que
pasaría a llamarse eufemísticamente "Demandantes de servicios previos al empleo".
Así lo ponen de manifiesto fuentes políticas y de las oficinas de empleo llamadas a consulta por el propio Ministerio de Trabajo
En esta nueva rúbrica, y de una forma absolutamente arbitraria quedarían incorporados los parados que, por diversas circunstancias, entre
ellas enfermedad o mala cualificación, no pueden trabajar en unos meses, quedando excluidos de esta forma de las listas de parados.
El otro grupo que previsiblemente se incluirá en esa nueva subcategoría serían parados sin empleo que lo son porque tengan alguna dificultad
o limitación legal. En este caso, estarían, sobre todo, inmigrantes en paro que deberían estar en las listas, pero que no se inscriben por la falta de algún papel que acredite su situación legal en España.
La intención del Gobierno, de acuerdo con las fuentes consultadas, es dejar fuera de las listas del paro mediante este invento de última hora a
entre 50.000 y 100.000 personas. Esta última cifra precisamente es muy cercana a los más de 130.000 individuos que engrosaron las listas de
los servicios públicos de empleo en enero. Fue un aumento histórico, el mayor contabilizado en cerca de un cuarto de siglo.
Las fuentes en cuyas manos obran los documentos que apuntan hacia el maquillaje de los datos del paro defienden que el cambio se está
llevando en el más absoluto secretismo.
Por tanto todo hace pensar que, a la hora de publicar las cifras de desempleo de febrero, el Gobierno no advertirá a los ciudadanos de este cambio repentino en la metodología con la que se elabora desde mayo de 2004 el registro de parados propio del INEM.
Hay indicios de que los técnicos del Ministerio de Trabajo, que es donde se elaboran y quien publica las cifras de paro registrado, trabajan
desde hace días en este invento que sólo trata de manipular las que se presumen van a ser malísimas cifras de desempleo de febrero, comparables a los malos resultados de enero.
La intención a cinco días de las elecciones es evidente.
El Gobierno intentará vender a los españoles que el paro en febrero ha sido bajo o incluso que ha descendido, dependiendo de hasta dónde lleven la cocina de los datos.
Este objetivo coincidiría con el propósito último del Gobierno dirigido a apuntalar la idea de que lo ocurrido en enero con el paro fue puramente
coyuntural. Y así seguir manteniendo su tesis de ocultar la realidad y de que todo pasará cuando llegue la primavera.
Es obvio que si siguen por este camino tendrán que dar muchas explicaciones. Un buen dato de paro en febrero no casaría ni con la situación
del sector de la construcción, ni con el número de cierre de empresas, ni con el aumento de las prestaciones por desempleo.
Indicador sintético
Ni siquiera con la ralentización del crecimiento económico que viene advirtiendo el indicador sintético que elaboran los técnicos del Ministerio
de Economía, de atención prioritaria para el vicepresidente segundo, Pedro Solbes.
Un indicador que viene avisando desde el primer trimestre de 2007 de que la economía se desacelera y que ha fijado en un 2,8% el crecimiento
del PIB en el cuarto trimestre del año pasado.
Es un dato que contrasta con los publicados tanto por el INE como por el Banco de España, en sus últimos boletines mensuales y que el vicepresidente se empeña en repetir una y otra vez y que fija el aumento del PIB en el 3,5%. Quizás por todo ello ayer el ministro de Trabajo se arriesgaba a afirmar que los datos de paro de febrero no van a ser tan malos como los propios de enero
Réplica
NEGOCIO buscó ayer el parecer del propio Ministerio de Trabajo ante estas acusaciones.
El departamento dirigido por Caldera niega que se esté llevando a cabo esta operación y, además, asegura que no es posible, pues “el Ministerio no tiene actualmente potestad para emitir orden alguna dirigida a las oficinas regionales de empleo”.
Esa competencia “se encuentra transferida a las comunidades autónomas”, de acuerdo con los portavoces de Trabajo, quienes además matizan que el Ministerio sólo es competente para dirigir órdenes de esta índole en cuestiones que afecten a las prestaciones concedidas por desempleo.
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