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El Gobierno quiere un salario mínimo de 1.000 euros en la Administración

Fuente
M. Valverde
El Ejecutivo está a punto de cerrar un acuerdo con los sindicatos sobre una mejora adicional para 170.000 de sus funcionarios. Beneficiaría sobre todo a quienes prestan atención al público en Tráfico, el Inem, Extranjería o DNI.

En vísperas de las elecciones generales de marzo de 2008,  el Gobierno está a punto de cumplir una promesa que hiczo el anterior ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. El Ejecutivo proyecta que en dos años no quede ningún funcionario de la Administración Central por debajo de los mil euros brutos mensuales.

Por está razón, está cerca de llegar a un acuerdo con los principales sindicatos de la Función Pública –CCOO, UGT y CSIF– para introducir una mejora salarial adicional a alrededor de 170.000 empleados públicos. Fundamentalmente, para los niveles más bajos de la Administración Central –grupos D y E –. Por ejemplo, auxiliares administrativos, ordenanzas o porteros de los Ministerios, según las diversas fuentes de la negociación consultadas por EXPANSIÓN. Una portavoz del Ministerio de Administraciones Públicas señaló  que “la negociación no está cerrada” y por, lo tanto, declinó hacer más comentarios.

Las conversaciones tratan de mejorar específicamente la retribución de forma adicional a quienes atienden al público en dependencias como las oficinas de Tráfico, del DNI, de atención a la inmigración o los Servicios de Empleo –antiguo Inem–. Nadie estaría por debajo de los catorce mil euros brutos anuales, divididos en otras tantas pagas, contando las dos extraordinarias.

La mejora sería posible por la aplicación a los salarios de estos trabajadores de un 0,3% de la masa salarial, con efectos retroactivos para este año, y de un 0,37% en 2008 y 2009. Esto supondría para el Gobierno un gasto adicional de unos catorce millones de euros.

Por todas estas razones, el incremento salarial de estos funcionarios para el año que viene sería superior al 3,8%, dividido en los siguientes conceptos: un 2%, igual que la previsión de inflación que marca el Gobierno, de acuerdo con el Banco Central Europeo. A esta subida, hay añadir un punto, en concepto de mejora de las pagas extraordinarias, más medio punto como aportación del Gobierno para el plan de pensiones de los funcionarios. En total, un incremento del 3,5%, más el 0,37% ya reseñado de la mejora adicional, que está negociando el Gobierno con los sindicatos.

Según las fuentes conocedoras de la negociación, sólo queda una cuestión pendiente: los temores de Hacienda de que el acuerdo con este colectivo de empleados públicos pueda repercutir en otros niveles de la Administración. “Que el gasto económico se escape de las manos porque otros funcionarios, de niveles más altos, puedan sentirse discriminados”, comentaron algunas de las citadas fuentes.

Hay que recordar que ya  los contratados laborales de la Administración Central -unas ochenta mil personas– cumplen con la condición de estar en mil, o por encima, de los mil euros desde que el año pasado se firmó el convenio único para estos trabajadores. El Ejecutivo también quiere plasmar próximamente el reciente acuerdo que ha alcanzado con los sindicatos para mejorar las condiciones laborales de los funcionarios que trabajan en el exterior. Es decir, en las embajadas de España y las delegaciones presentes en los diversos organismos internacionales.

En busca de la jubilación parcial
CCOO anunció ayer su intención de convocar en diciembre diversos actos de protesta en toda España para reivindicar la jubilación parcial y anticipada de los funcionarios.  Se trata de una propuesta que hizo el anterior ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, que rebatieron el vicepresidente económico, Pedro Solbes, y el ministro de Trabajo, Jesús Caldera.

El proyecto de Sevilla no sólo amenazaba con incrementar el gasto, sino que también iba en contra del mensaje del Ejecutivo al sector privado de incentivar la prolongación de la vida laboral. Finalmente, la Ley de reforma de la Seguridad Social, que aprueba hoy el Congreso, desplaza la medida a la próxima legislatura y la condiciona a la política de recursos humanos y a las necesidades presupuestarias.  

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