Empresarios y analistas prevén conflictividad social si el paro extranjero sigue en aumento

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El sufrimiento de Nicolai Mirita, convertido en una antorcha humana a las puertas de la Subdelegación del Gobierno de Castellón, va más allá de una imagen de portada. El rumano que pretendía retornar a su país por no haber encontrado en España el paraíso esperado constituye la punta del iceberg de la «conflictividad social» que se avecina bajo la amenaza de la «incertidumbre económica», tal y como admitió ayer el vicepresidente del Gobierno Pedro Solbes.
Los datos del paro de agosto -los peores en la región desde 1993- y el «parón» de la construcción detectado por la CEOE han desatado la alarma y el colectivo de extranjeros, con un incremento del desempleo del 30% en un año, se ha situado en el punto de mira.
La Comunidad Valenciana es la tercera autonomía española con mayor número de foráneos afiliados a la Seguridad Social -240.000 personas al cierre del mes de julio-.
La evolución desde que el PSOE alcanzó el Gobierno central y optó por una regularización masiva ha resultado exponencial, ya que se ha duplicado el número de afiliados, según datos oficiales del Ministerio de Trabajo.
Hasta la fecha, la región ha sido capaz de responder a la demanda de empleo procedente de otros países. Así, los trabajos que precisan menor cualificación -básicamente en la construcción y la hostelería- han sido copados por inmigrantes.
Sin embargo, el incipiente cambio del ciclo económico dibuja un panorama a corto plazo marcado por la dificultad de los inmigrantes para hallar trabajo, en un contexto dominado por una fuerte inflación y, en consecuencia, por el encarecimiento de la vida. Justo lo contrario de los anhelos de Nicolai Mirita.
La obra no da más de sí
El presidente de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (Fevec), Eloy Durá, subrayó ayer que «sin extranjeros el sector no habría crecido tanto en los últimos años». En la actualidad, hay 45.000 inmigrantes afiliados en el sector. Ahora, a pesar de que «la obra pública paliará en cierta medida la ralentización», el parón en la construcción de viviendas generará una pérdida de empleos que perjudicará especialmente a los inmigrantes iberoamericanos, ya que éstos «desarrollan los trabajos que menos cualificación precisan». Un descenso del empleo del 5% en el sector enviaría al paro a 10.000 personas.
Otro de los sectores con claro predominio de la mano de obra extranjera es el de la hostelería (31.000 efectivos). Para Juan Carlos Gelabert, presidente de la Federación Valenciana, los puestos de trabajos no cualificados «ya están cubiertos», de ahí que los esfuerzos de los empresarios vayan encaminados a captar profesionales de primer nivel. Para ello se han puesto en marcha escuelas de hostelería en países de origen.
El campo, opción de urgencia
Con esta coyuntura, muchos de los inmigrantes que llegan a la Comunidad optan por acudir al campo en busca de trabajo. Con las campañas de la vid y la naranja en puertas el sector «tiene problemas para hallar mano de obra regularizada», según explicó el secretario general de la Unió, Joan Brusca.
Para el líder sindical, la contratación en origen es la solución, aunque muchos inmigrantes emplean la picaresca para «obtener papeles» y buscar otros empleos que, a día de hoy, están fuera de su alcance. La mayoría opta por acudir a los cultivos sin documentación alguna, tal y como indicó el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), Cristóbal Aguado. La consigna es no contratarlos.
Brusca alertó de que, si se confirma la crisis de la construcción, «se generará un problema social» si los inmigrantes acuden en masa a las zonas agrícolas porque habría un «excedente de mano de obra».
Estas percepciones desde el terreno de la práctica también fueron corroboradas desde el plano teórico. Así, el director del Instituto de Estudios Económicos, Juan Iranzo, destacó que la «subida de tipos de interés supondrá una bajada del consumo al haber menos renta disponible». Este fenómeno afectará especialmente a la construcción, donde los inmigrantes habían acudido ante la elevada oferta.
El precedente francés
Todo ello, según Iranzo, puede cristalizar en un «problema de índole social, como sucedió en Francia», ya que «el proceso de regularización generó un efecto llamada excesivo».
Para el director del Instituto de Estudios Económicos, «la inmigración ha aportado mucho al crecimiento, pero debería haber sido más ordenada». De hecho, vaticinó que si el problema del paro se ceba con los españoles, «el conflicto será todavía mayor», aunque en este caso sí tengan cobertura social, a diferencia de la mayoría de inmigrantes.