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Un estudio revela que en España hay discriminación racial en el trabajo y en la búsqueda de alojamiento

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España registra casos de discriminación racial y xenofobia en los ámbitos laboral y en la búsqueda de alojamiento, donde los no españoles tienen menos posibilidades de encontrar lo que buscan, y también en el sistema educativo, según un estudio que revela que el 14,5% de los inmigrantes dice haber sido víctima de "crímenes de odio".

La Agencia Europea de Derechos Fundamentales difundió el lunes un estudio sobre el racismo y la xenofobia en la UE en 2006 que señala casos en todos los Estados miembros en los ámbitos laboral y educativo y también en las diferencias entre nacionales y no nacionales a la hora de encontrar un alojamiento.

El análisis examina, en primer lugar, el grado de cumplimiento por parte de los países de la UE de la directiva contra la discriminación y la existencia o no de organismos oficiales que reporten casos de discriminación. En el caso de España -igual que en República Checa, Alemania, Luxemburgo y Malta-, los datos no son oficiales y provienen de informaciones de organizaciones no gubernamentales porque no existe un observatorio con datos oficiales. También por este motivo, no hay datos acerca de las sanciones que hayan podido traer consigo este tipo de comportamientos.

El estudio señala que "en España, se aprobó una legislación para la creación formal de un organismo de promoción de la igualdad de trato, que aún no estaba operativo en 2006". De la misma manera, afirma que "la Directiva de Igualdad Racial fue traspuesta formalmente en 2003 sin debate público, pero no hay información o evidencia de que haya legislación en práctica". "No hay evidencia de que se impongan sanciones efectivas, proporcionadas o disuasivas en un solo caso de discriminación étnica", añade.

ÁMBITO LABORAL

Por lo que respecta al ámbito laboral, el informe señala que sólo en Grecia y en la República Checa los no nacionales tienen más posibilidades de encontrar un trabajo que los ciudadanos de estos países, pero de manera general, el estudio indica que "el porcentaje de desempleo fue significativamente más elevado" entre minorías e inmigrantes que para la mayoría de la población. En España el ratio de empleado nacional por no nacional es 1,5.

Aunque el informe advierte de que el desempleo de esta población no es sí misma evidencia de discriminación, lo considera la "causa más probable" y también subraya que, una vez que tienen un empleo, son más numerosos los accidentes de inmigrantes que de nacionales en el ámbito laboral. En España la diferencia es de 8,35 por cada 1.000 accidentes laborales, mientras que los españoles registran 6,23 casos por cada 1.000.

Por otra parte, el informe menciona que en España el 45% de los gitanos que participaron en él dijeron haber sido discriminados en el trabajo o en el ambiente de estudio.

ALOJAMIENTO

Las diferencias también se reflejan a la hora de buscar un alojamiento, donde el informe señala que "una causa particular de preocupación es la sistemática situación precaria de alojamiento de los gitanos en muchos Estados miembros", que provoca un "círculo vicioso de segregación y exclusión social".

Tampoco en este caso hay datos oficiales de España, pero el estudio cita la existencia de "anuncios xenófobos" en la prensa, donde "se niega el alquiler o la venta de pisos a gente porque son extranjeros". También cita datos de la ONG Colectivo IOE acerca de que el 72% de los africanos, el 40% de los latinoamericanos y el 25% de los europeos del Este dicen que han sufrido "reacciones prejuiciosas" en la búsqueda de alojamiento.

El informe señala en particular la situación de los temporeros en España. "Poblados chabolistas, atribuidos normalmente a la comunidad gitana, se han incrementado últimamente porque los inmigrantes trabajadores no encuentran casas apropiadas", reseña y añade que "la precariedad de sus viviendas es pareja habitualmente a la de sus trabajos".

También según datos de Colectivo IOE, el 19% de los inmigrantes viven en menos de 10 metros cuadrados, "un claro indicador de masificación" que se compara con los 2,5% de españoles que viven en estas condiciones. El 61% de los inmigrantes dispone de menos de una habitación por persona.

La educación es un ámbito en el que existen pocos datos en la UE pero, en España, el estudio cita un caso denunciado por la ONG SOS Racismo en Palma de Mallorca contra un menor de origen subsahariano, insultado por sus compañeros de colegio y los padres de éstos.

Por último, el informe se refiere a violencia y crímenes racistas, "el indicador más directo" de la discriminación de algunos grupos sociales y sobre la que España, una vez más, no dispone de datos oficiales, aunque el estudio indica que el 14,5 de los inmigrantes en España dijo haber sufrido estas experiencias.

Asimismo, afirma que, junto a Bulgaria y Hungría, se constatan en España casos de "prácticas policiales discriminatorias por lo que respecta a las minorías nacionales y étnicas" que tiene un "particular" impacto negativo en los gitanos.

BUENAS PRÁCTICAS

A pesar de estos datos y que España, como la mayoría de países de la UE, no aplicaba en 2006 la directiva contra el racismo y la xenofobia, el informe da cuenta de varios casos de buenas prácticas, bien relativas a proyectos de integración que desarrollan las ONG o a leyes aprobadas.

Destaca, por ejemplo, la creación del Observatorio Español de Racismo y Xenofobia y la ley que permite que los nacionales de otros países voten y se presenten en elecciones locales. También se refiere a la iniciativa de la Asociación Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, que imprimió 2.500 copias de un documento destinado a PYMES para enseñarles cómo detectar y evitar casos de discriminación laboral.

Se refiere también a los programas de ayuda en la búsqueda de trabajo que han realizado las comunidades autónomas o a la promoción en Barcelona de la formación e integración de mujeres gitanas en el ámbito laboral.

Por lo que respecta a los poblados chabolistas ocupados por inmigrantes temporales, cita un proyecto de la Fundación Lesmes en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos para ayudar a estas familias a realojarse en pisos en la ciudad y abandonar los campamentos.

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