El Gobierno impulsará el acceso de los inmigrantes al funcionariado

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El Ejecutivo quiere incrementar la participación de los extranjeros en el sector público para equipararlos a su representación social. Las políticas activas de empleo facilitarán la entrada de inmigrantes en la Administración.

La integración laboral de los inmigrantes es uno de los objetivos centrales del Ejecutivo en materia de extranjería. Aunque, hasta ahora, la Administración no ha dado ejemplo. La presencia de ciudadanos de otros países en la función pública es muy baja. El nuevo Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (PECI) impulsado por el Ministerio de Trabajo ha marcado como uno de los pilares de las políticas activas de empleo hacer más accesible para los inmigrantes la entrada en la función pública.

La llegada de 4,5 millones de inmigrantes en menos de una década ha planteado nuevos retos a los servicios públicos. Los maestros imparten clases en aulas multiculturales; la sanidad básica asiste a personas de decenas de países; las ventanillas de empleo gestionan permisos de trabajo a ciudadanos que ni siquiera dominan el castellano y la policía patrulla barrios que se han convertido, en algunas casos, en una torre de Babel. Por eso, los propios inmigrantes pueden ser un bálsamo que cubra las carencias lingüísticas, culturales y sociales que ha generado su llegada en la dotación de servicios públicos.

Requisitos más flexibles
Actualmente, sólo los ciudadanos de la Unión Europea, Suiza y Noruega pueden acceder a las ofertas públicas de empleo. El resto de extranjeros –la mayoría de los que viven en España– precisan de un permiso de residencia permanente que, en cualquier caso, les permite optar a los puestos laborales más bajos de la función pública. Para otros cargos, sobre todo, los de mayor escala, es condición imprescindible poseer la nacionalidad española.

El plan que perfila Trabajo quiere precisamente adaptar los requisitos y facilitar el acceso de los inmigrantes a las ofertas públicas de empleo. Una vía que ya ha abierto con éxito el Ejército. Ante la falta de reclutas para las Fuerzas Armadas profesionales, el Ministerio de Defensa decidió en 2003 permitir el alistamiento de extranjeros con permiso de residencia. Desde entonces, en sólo tres años, se han incorporado 4.648 militares, en su inmensa mayoría sudamericanos.

La apertura de las ofertas públicas de empleo a los extranjeros se encuadra dentro de un paquete de medidas más amplio que, como reconoce el Ministerio de Trabajo, obligará a “adecuar la normativa sobre el empleo y la Seguridad Social” para adaptarlo a la nueva realidad del mercado laboral, que en cinco años ha visto llegar a tres millones de nuevos trabajadores.

El Plan Estratégico de Ciudadanía ha puesto como tarea para los próximos tres años revisar el actual sistema de gestión de los flujos migratorios; adecuar la capacitación de los inmigrantes al mercado laboral; reforzar los mecanismos de inspección contra la contratación ilegal y discriminación racial en las empresas y mejorar los itinerarios de inserción laboral.