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El Congreso aprueba el estatuto para tres millones de autónomos

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La ley recibe el voto favorable de todos los grupos políticos pero con algunas reservas.Algunos partidos prevén un ´boom´ de la figura del empleado dependiente.
Los 3,1 millones de trabajadores autónomos ya tienen estatuto. El Congreso de los Diputados aprobó ayer por unanimidad la regulación que sustituirá la que se puso en marcha en 1970 con la creación del régimen especial de la Seguridad Social. Entre las novedades destaca el reconocimiento legal de la figura del autónomo dependiente, más próximo a un asalariado al trabajar solo para una empresa.
Se trata de un colectivo de unas 265.000 personas a las que se consideraba hasta ahora como "falsos autónomos" por su carácter fronterizo con el trabajo por cuenta ajena. Además de esta novedad, destacan la regulación de la prevención de los riesgos laborales, la garantía económica para el trabajador, la posibilidad de contratar a los hijos menores de 30 años o la creación del Consejo del Trabajo Autónomo.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró que el estatuto "pone punto final a la situación de desprotección" de los autónomos y afirmó que la ley es un reconocimiento a su derecho a la igualdad y a no ser discriminados en ninguna circunstancia.
NUEVOS DERECHOS Jesús Caldera subrayó el derecho de los autónomos a conciliar la vida familiar y laboral, la protección de los menores de 16 años, las garantías económicas para el cobro de sus retribuciones, la protección de su vivienda habitual o el derecho a la salud y seguridad en el trabajo.
El diputado del PP Vicente Martínez Pujalte valoró la regulación de los autónomos económicamente dependientes, aunque expresó su deseo de que no se conviertan "en una figura para mercantilizar las relaciones laborales".
Gaspar Llamazares, de IU-ICV, destacó la "gran importancia" que tiene la regulación del trabajador autónomo económicamente dependiente, aunque alertó del riesgo de que se produzca un "trasvase" de contrataciones que perjudique a los asalariados. El portavoz del PNV, Emilio Olabarría, subrayó que estos trabajadores pueden sufrir "precariedad" laboral ya que a un empresario "le sale más barato" contratar a uno en esta situación que a un asalariado.
Joan Puig, de ERC, considera que la regulación no reconoce aspectos como la limitación de jornada. Carles Campuzano, de CiU, lamentó que no se hayan incorporado más medidas de equiparación social con el resto de trabajadores.
El diputado de CC, Luis Mardones, afirmó que el estatuto "actualiza y renueva los derechos" de los autónomos, mientras que la parlamentaria socialista Isabel López subrayó la "repercusión positiva que la Ley supondrá también para las familias" de los autónomos.
PUNTOS PENDIENTES El secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Sebastián Reyna, recordó que falta regular la situación de desempleo de los autónomos, mientras que para Soraya Mayo, de la Asociación de Trabajadores Autónomos, el estatuto termina con la situación de "ciudadanos de primera y de segunda".
La Organización de Profesionales y Autónomos (OPA) denunció que el 80% del articulado de la ley se dirija a la figura del "falso autónomo", que es una minoría respecto al total de 3,1 millones de afiliados, y la Asociación Nacional de Empresarios y Profesionales Autónomos (ASNEPA) cree que la ley tiene "graves carencias", como permitir contratar a familiares directos pero sin derecho a prestación por desempleo.
CCOO denunció que los derechos de los autónomos económicamente dependientes son "insuficientes" y pueden utilizarse para presionar a la baja sobre las condiciones laborales en el mercado laboral. 

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