La degradación del mercado laboral dispara el número de trabajadores que cobra el subsidio del paro

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La degradación del mercado de trabajo, con una tasa de temporalidad que se resiste a bajar del 30% de los asalariados, está pasando factura a los servicios públicos de empleo. Lo dicen los últimos datos sobre cobertura del desempleo que, lejos de reducirse (lo que sería coherente con el fuerte ritmo de creación de puestos de trabajo), no deja de aumentar. Hasta el punto de que la tasa neta de cobertura (beneficiarios en relación al paro registrado sin incluir al sector agrícola y al colectivo sin empleo anterior) se ha situado entre enero y abril de este año en un histórico 90%.
Es decir, nueve de cada diez trabajadores considerados parados por los servicios públicos de empleo cobran alguna prestación de carácter económico. Se trata del porcentaje más alto jamás alcanzado por la economía española, con un avance de nada menos que de 10 puntos respecto al año anterior. Lejos quedan los tiempos en los que los sindicatos pedían como objetivo alcanzar una tasa de cobertura que abarcara al 70% de los trabajadores sin empleo.
En total, y según los datos oficiales, el pasado mes de abril 1,35 millones de trabajadores cobraban el paro: 300.000 más que en 1999, y ello pese a que desde entonces el volumen de empleo que ha sido capaz de generar la economía española no ha bajado del 3% en media anual. Es decir, hay más empleo pero también más trabajadores que cobrar el paro.
Un peculiar mercado de trabajo
Esta evolución no puede ser consecuencia directa de un aumento de la población activa, toda vez que el paro registrado -al contrario que la EPA- mide el desempleo real, no refleja el interés que puede tener un ciudadano en encontrar un puesto de trabajo, como hace la encuesta del Instituto Nacional de Estadística.
Tiene que ver, por el contrario, con la peculiar estructura del mercado de trabajo español, de carácter marcadamente dual. La flexibilidad gira en torno al 30-32% de trabajadores con contrato temporal, mientras que al 70% no le afecta esta precariedad al tener contrato indefinido. Por el contrario, la velocidad con la que giran los temporales alrededor de un mismo puesto de trabajo es cada vez mayor pese al aumento de contratos indefinidos que se ha producido en el último año y medio tras el pacto entre sindicatos y empresarios.
Lo que está ocurriendo, según los expertos, es que un número cada vez más trabajadores entra y sale del antiguo Inem con mayor rapidez, ya que al vencer su contrato de trabajo su empleador lo envía a los servicios públicos de empleo para que le sea abonada la correspondiente prestación económica.
Agotado el nivel contributivo o asistencial (según los casos) el trabajador vuelve a incorporarse al mercado de trabajo, algo que es relativamente fácil en un contexto de fuerte creación de puestos de trabajo. Es muy probable que si el Inem no se hubiera convertido en un especie de ‘aparcamiento’ de parados, la tasa de desempleo registrado se situaría hoy dos o tres puntos por debajo del 8% oficial.
Falsos despidos
En ciertos casos, difíciles de cuantificar, los empleadores despiden a sus empleados antes de los periodos vacacionales (incluso se han dado casos de contratos de lunes a viernes para no pagar ni salarios ni Seguridad Social). Quiere decir esto que el antiguo Inem se ha convertido en un instrumento más de subvención de las empresas que se aprovechan de la actual legislación laboral, pero sólo de aquellas que utilizan masivamente sus servicios, porque el resto -las que apuestan por el empleo indefinido y de calidad- deben seguir pagando las cotizaciones sociales, al igual que los trabajadores a los que se les descuenta de sus nóminas una cantidad fija. Con esos excedentes, incluso, se podrían rebajar las cotizaciones sociales.
No se trata, desde luego, de un gasto pequeño. Los datos correspondientes al último mes de abril indican que ese mes los servicios públicos de empleo (CCAA y administración central) gastaron 1.178 millones de euros en prestaciones económicas, con un gasto medio por beneficiario de 937 euros. Es decir, que la degradación del mercado laboral tiene un precio. Pese a la bonanza del empleo (más de medio millón de puestos de trabajo creados el año pasado), el gasto en prestaciones crece un 4% en términos anuales, y un 6% en el número de beneficiarios.
Para llegar a esa conclusión sólo hay que tener en cuenta que nada menos que el 30,1% de los contratos temporales dura menos de un mes, mientras que otro 26% vence transcurridos seis meses desde su firma. Es decir, que el 56% de los contratos dura menos de medio año. La entrada y salida de trabajadores del antiguo Inem es especialmente intensa en algunos sectores productivos como la construcción, donde el 91% de los 2,9 millones de contratos firmados el año pasado son de carácter temporal.
La precariedad se ceba, fundamentalmente, entre los trabajadores inmigrantes, lo que puede explicar que el número de trabajadores extranjeros inscritos en el Inem no deja de aumentar. Incluso, se sitúa ya -en términos relativos- muy por encima de los autóctonos. El paro entre los inmigrantes es tres puntos más elevado que entre los españoles. No es que tengan dificultades para encontrar un puesto de trabajo, lo cual podría tener consecuencias sociales, sino que durante un tiempo cobran la prestación a cargo del Inem y, posteriormente, se reintegran al mercado de trabajo con una relativa facilidad.