Los inmigrantes acusarán con fuerza el cambio de ciclo. Los expertos cifran en 50.000 los puestos de trabajo en peligro de la construcción

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La desaceleración del sector de la construcción y por ende, de la economía, se está fraguando y el sector inmigrante está en trance de sufrir con intensidad el cambio de ciclo y los problemas de paro que de él se derivarán.
Fernando Casado, director del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), que ayer presentó el estudio Inmigración, cifró en 50.000 los puestos de trabajo que se pueden perder a causa de la ralentización de la construcción a partir del próximo semestre. Si se tiene en cuenta que una gran parte de estos empleos son desempeñados por inmigrantes, éstos quedan a merced de los nuevos vientos económicos. Además, según Casado “los inmigrantes se ven más desprotegidos ante una situación de desaceleración y paro”, al depender, en muchos ocasiones, su permanencia en nuestro país de su puesto de trabajo.
Mirando atrás, el IEF destaca que, entre 1995 y 2005, el empleo creció en España a un ritmo superior al de la población activa que aumentó en 4,7 millones de personas, lo que dio lugar a una reducción de la tasa de paro.
De los 6,4 millones de puestos de trabajos creados en este periodo, un 34% fueron ocupados por inmigrantes, porcentaje que, de 2004 a 2006, se elevó hasta el 50%. Gran parte de estos foráneos fueron empleados en la construcción, la agricultura o los servicios.
Estas cifras han hecho afirmar a organismos como la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, que el 50% del crecimiento económico de los últimos años se debe a la inmigración. A una escala menor, la Comunidad de Madrid también aseguró que, de no ser por los extranjeros, su PIB anual en el periodo 2001-2005 habría sido inferior en un 1,77%.
Sin embargo, en 2007 el ladrillo, motor de la economía, ya ha empezado a dar muestras de flaqueza tanto en lo relativo al crecimiento como a la creación de empleo. El pasado lunes los datos de afiliación a la Seguridad Social mostraron que, durante el mes de mayo, en el sector de la construcción se inscribieron en el sistema 13.257 trabajadores, lo que supone un descenso de 6.236 personas respecto al mismo mes del año anterior. Y aunque la industria ha tomado el relevo al sector inmobiliario, al afiliarse 5.073 trabajadores más que en mayo de 2006, en este sector la mano de obra inmigrante no es tan frecuente.
Así, los extranjeros pasan de ser una base importante del crecimiento a ser un colectivo de difícil colocación.
Por este motivo desde el IEF advierten de que esta situación, aparte de tener consecuencias en las cuentas del sistema nacional de cobertura del desempleo, “vendría acompañada de episodios de xenofobia, y violencia”, tal como ha ocurrido en otros países, como Francia, donde ya han atravesado esta situación.
El problema se produce cuando la reducción de los puestos de trabajo da lugar a una competencia entre nacionales y extranjeros propiciada por los bajos salarios que cobran los segundos, paliando así su baja o escasa cualificación.
No obstante, desde el IEF consideran, al igual que lo hace el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que el aterrizaje de la economía “será suave” y “sus consecuencias se podrán ir asumiendo poco a poco”, aunque consideran necesario empezar a reducir el flujo de entrada de inmigrantes en nuestro país.
Las políticas de acogida requieren racionalidad.
El Real Instituto Elcano ha elaborado un análisis en el que compara los modelos migratorios de Italia y España. En él se advierte de que la legislación española ha estado más centrada en la lucha contra la inmigración irregular que en la concepción de una política migratoria racional y adaptada a las exigencias del mercado. “Las políticas de inmigración inadecuadas a las necesidades de la economía en sectores como la agricultura, la construcción o el sector doméstico han incrementado la irregularidad y la necesidad de cinco regularizaciones entre el 1991 y el 2005”, señala el Instituto. En total, se han beneficiado de esos procesos, hasta esa fecha, 1.200.000 extranjeros, frente a una población no comunitaria de 2.169.648 extranjeros. Una gran parte de los regularizados trabaja actualmente en el sector terciario, el de los servicios.