España es el único país de la UE con trabas a la intermediación de las ETT

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La legislación impide a las sociedades dedicadas a la intermediación laboral convertirse en 'surtidores' de empleos indefinidos y ofrecer vacantes desiertas en la sanidad, la construcción o la Administración pública.
Los gestores privados de empleo de toda la UE están en plena metamorfosis. Las empresas de trabajo temporal (ETT) han demostrado que sus métodos de colocación de personal también son eficaces para insertar a trabajadores indefinidos en el mundo laboral. Los gobiernos europeos –desde Portugal, a Francia o Polonia, por citar algunos ejemplos– han levantado el veto a estas compañías, relegadas hasta hace muy poco a captar exclusivamente empleados con fecha de caducidad. Sólo España padece la lacra de una regulación excesiva.
“Los mercados laborales europeos deben ser muy dinámicos, si quieren resolver con rapidez las necesidades de mano de obra que requieren las empresas”, señala el presidente de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (Agett), en España, Francisco Aranda. En su opinión, es un “error” que España permancezca al margen de “la tendencia europea a dar más responsabilidades a las ETT”.
Austria (2002), Italia (2003) y Francia (2005) son los últimos ejemplos de países que han actualizado sus legislaciones y, como consecuencia, han pasado a denominarse agencias globales de empleo, un apelativo en el que no queda lugar a dudas de su permiso legal para colocar también a empleados de carácter indefinido.
En este sentido, a Aranda le sobran los motivos para que España elimine las trabas legales que lleva a sus espaldas. El principal: “Un 30% de los trabajadores contratados a través de ETT acceden a un empleo estable con la compañía cliente”, según el centro de predicción económica Ceprede. En opinión de Aranda, esto justifica que “el cambio de la regulación sea inmediato”. “Estamos perdiendo una herramienta muy eficaz para captar empleos”, matiza.
La metamorfosis a la europea, además, se traduciría en la posibilidad de que los parados se empleasen de forma “más simple, cómoda y rápida”, ya que las compañías asumirían conjuntamente “las tareas de selección, formación y colocación de los aspirantes”.
Un servicio todo en uno que allanaría el camino a los deseosos de encontrar una silla laboral. Como consecuencia, todo indica que los Servicios Públicos de Empleo –una vía para encontrar trabajo que sólo utilizan la mitad de los parados– reorientarían su actividad a desarrollar “labores de cooperación o información con los agentes privados”.
Pero si bien Noruega y Grecia comparten también esta restricción a la contratación indefinida, España es el único Estado miembro sobre el que pesa la imposibilidad legal de captar personal en más de un sector. En concreto, en la sanidad, la construcción y las Administraciones Públicas.
Desde Agett denuncian que a pesar de que llevan “años cumpliendo los criterios de seguridad de los trabajadores que se exigen en la construcción”, recogidos en la nueva Ley reguladora de la subcontratación, se les impida entrar en este mercado.
El presidente de Agett pone de ejemplo a Francia, donde el sector ladrillo es la tercera actividad por volumen de contratados a través de las ya renovadas agencias globales de empleo. Y esto no ha supuesto un aumento de la siniestralidad: en 2004, los trabajadores de ETT sólo protagonizaron el 0,9% del total de accidentes, frente al 8,4% del resto.