La empresa que dé empleo a ´sin papeles´ pagará la expulsión. La UE propone un duro régimen de multas para acabar con el ´efecto llamada´.

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La Comisión Europea propuso ayer a los 27 estados miembros de la Unión Europea (UE) una directiva que sancione con elevadas multas, e incluso cárcel, a los empresarios que contraten a inmigrantes sin papeles, para intentar frenar la creciente avalancha de irregulares en Europa que huyen de la miseria de sus países. El régimen sancionador prevé que las personas que den empleo a sin papeles corran con los gastos de repatriación del inmigrante irregular.
El número de sin papeles que ya vive dentro de la UE se sitúa entre 4,5 y 8 millones, según las últimas estimaciones del Ejecutivo comunitario. Y cada año consiguen entrar en la UE entre 350.000 y 500.000 irregulares, según las mismas estimaciones. "La posibilidad de encontrar empleo ilegal es la principal fuerza que empuja la inmigración ilegal. Por ello, la UE debe actuar conjuntamente para acabar con este efecto llamada", afirmó el comisario de Justicia y Seguridad, Franco Frattini, al presentar el proyecto.
Como medida preventiva, al emplear a un trabajador extracomunitario, los empresarios estarán obligados a verificar que tiene en regla el permiso de residencia y las demás autorizaciones necesarias. Asimismo, deberán notificar a las autoridades estas contrataciones.
Los empresarios que no cumplan estos requisitos podrán ser sancionados con multas, que podrán incluir el coste de repatriación al país de origen del inmigrante irregular. Además deberán pagar los salarios establecidos en convenio, los impuestos y las cotizaciones sociales de esos empleados, y podrán perder el derecho a recibir subvenciones y a participar en contratos públicos.
Dada la proliferación de personas sin papeles en las subcontrataciones en la construcción, la directiva propone que las empresas que subcontraten serán responsables subsidiarios de las irregularidades cometidas a lo largo de la cadena de subcontratación de todo el proyecto.
Las sanciones económicas se aplicarán no solo a empresarios, sino también a las personas individuales que contraten a personas en situación irregular para el trabajo doméstico, la agricultura u otras actividades, según la propuesta.
SANCIONES PENALES Para los casos más graves, por reincidencia, empleo masivo de irregulares, explotación o participación en el tráfico de inmigrantes, la directiva establece incluso la imposición de penas de prisión. El nivel de estas sanciones penales será fijado por cada estado de la Unión Europea.
La directiva además establece la obligación a los estados de inspeccionar cada año como mínimo el 10% de las empresas radicadas en su país para vigilar que no se contraten a sin papeles. Actualmente, el nivel de inspección alcanza solo el 2,8% de media en la UE, "lo que equivale a nada", declaró Frattini.
La Comisión Europea insistió en que junto a la lucha contra la inmigración ilegal, la UE debe facilitar también la legal, porque necesita trabajadores temporales en agricultura, turismo y construcción. A causa del envejecimiento de la población, la UE necesitará más de 20 millones de empleados extranjeros en las próximas décadas.