En 2050, España será ya el país más envejecido de toda la Unión Europea, con el 35,7 por ciento de su población por encima de los 65 años de edad.

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Esto será así según las últimas previsiones de Eurostat, la oficina estadística comunitaria. Una previsión que anticipa que el fenómeno del envejecimiento de la población en Europa continuará avanzando considerablemente en las próximas décadas, hasta alcanzar, en el ecuador de este siglo, el 29,9 por ciento del conjunto de la sociedad europea.
En este extraño ranking, después de España, se sitúan Grecia, con el 32,5 por ciento Portugal, con el 31,9 por ciento, y Alemania, que llegará al 31,5 por ciento en ese mismo escenario temporal. Por contra, los socios con menores presiones de envejecimiento serán Luxemburgo, con un 22,1 por ciento Holanda, con el 23,5 por ciento, y Dinamarca, 24,1 por ciento.
El diagnóstico es compartido. Fondo Monetario Internacional, OCDE y Comisión Europea hablan de los peligros que engloba este envejecimiento, especialmente de cara a la evolución futura de los sistemas de prestaciones sociales. La Comisión Europea, así, en sus últimos diagnósticos, ha incidido en el riesgo económico que este fenómeno puede ocasionar a España sobre todo, debido a la necesidad de más reformas estructurales de calado.
En concreto, el comisario del ramo, Joaquín Almunia, ha reclamado al Gobierno socialista que elimine el sistema de prejubilaciones que impera en España y emprenda cambios legales para facilitar la prolongación de la vida laboral más allá de los 65 años para consolidar el futuro de las pensiones.
A su juicio, lo que está en juego, en Europa y en España, es el "final de nuestro modelo social" en 2050, aseguró ya en su momento el comisario europeo. En este sentido, Almunia también ha defendido abiertamente un programa de reformas que incluya la ampliación del periodo de cotización a la Seguridad Social, la cobertura sanitaria y un replanteamiento de la concesión de ayudas sociales por desempleo. En sus previsiones, Eurostat calcula un aumento del 8,5 por ciento del gasto público en pensiones hasta 2050, un escenario que justifica la tensión que rodea a este tema.